Jueces y sindicatos denuncian el caos en la Justicia por los recortes de Ignacio González

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Jueces y sindicatos denuncian el caos en la Justicia por los recortes de Ignacio González

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid

La comunidad presupuesta 12 millones de euros menos para 2014. Además, el Gobierno autonómico reduce un 20% la partida destinada a justicia gratuita, hasta los 31,8 millones. Jueces y sindicatos están de acuerdo: La Justicia madrileña sufre un creciente deterioro en la región especialmente por falta de medios y por no cubrir las plazas vacantes de lo que acusan directamente a Ignacio González.

CCOO de Madrid denuncia el recorte que el Gobierno regional va a aplicar en los Presupuestos Generales para 2014 en las partidas presupuestarias del ámbito judicial y asegura que “en el ámbito de Justicia se presupuestan 349,1 millones de euros, 12 millones menos que en 2014. La partida destinada a la justicia gratuita se reduce un 20%; los 39,8 millones presupuestados para 2013 se reducen a 31,8 en 2014”.

El principal problema que deriva de esta falta de presupuestos es que no se cubren las plazas vacantes, un aspecto por el que los jueces, concretamente, los decanos de los partidos judiciales de la región, han dado esta semana la voz de alarma, advirtiendo directamente que la justicia está a punto de hundirse.

El SOS de los jueces se producen después de que los magistrados se reunieran el pasado 18 de noviembre con el número dos de Ignacio González, el consejero de Presidencia Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria para exponerle «la situación que atraviesan los distintos juzgados de la Comunidad ante la falta de cobertura de las plazas de funcionarios y médicos forenses que se encuentran vacantes, y del agravamiento de la situación que tendrá lugar a finales del presente año, como consecuencia del último concurso de traslado”.

Tras la reunión, la Comunidad informó de que cubrirá las plazas vacantes (unas 166) de funcionarios derivadas de la resolución del concurso de traslados para este año convocado por el Ministerio de Justicia, algo que no soluciona la situación en absoluto según los sindicatos.

Destrucción de empleo

CSI-F denuncia que la “comunidad de Madrid “trata de ocultar la destrucción de empleo en la administración de justicia anunciando la cobertura de 166 plazas vacantes”.

Este sindicato critica que el Gobierno regional haya querido ‘vender’ como una noticia el cubrir dichas plazas “cuando es obligación de la Comunidad de Madrid como responsable de la gestión de personal y medios materiales, el dotar a la justicia de nuestra región de los medios personales necesarios, máxime cuando se trata de plazas ya existentes y dotadas presupuestariamente”.

Explica que “no sólo es absolutamente necesaria la dotación de las mencionadas 166 plazas” recordando que “este año no se han cubierto unas 550 plazas como consecuencia de la política de recortes presupuestarios a los que nos ha sometido la Administración Autonómica, entre las que ya se encuentran las que han quedado vacantes en el concurso de traslado resuelto en el año 2012”.

Este sindicato acusa al Ejecutivo regional de “pretende enmascarar la destrucción y amortización encubierta de puestos de trabajo a la que está sometiendo a la Administración de Justicia, provocando su deterioro por la falta de medios personales suficientes”.

Y denuncia que “durante todo este año no se están cubriendo las plazas que han quedo libres por concurso, bajas por enfermedad, jubilaciones e incluso defunciones, provocando que muchos de los órganos judiciales de nuestra región estén atravesando una situación agónica por falta de personal”.

Las denuncias sobre el caos en el que los recortes presupuestarios están sumiendo a la Justicia madrileña, aunque han aumentado, no son nuevas.

Coincidiendo con la apertura del año judicial la Coordinación de Madrid de Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que denunciaba “ un creciente deterioro de la Justicia” en la región. Según estos magistrados, Ignacio González, siguiendo la senda marcada por Esperanza Aguirre, “no se cansa de manifestar su falta de interés por el funcionamiento de la Justicia y su deseo de devolver las competencias en esta materia a la Administración central”.

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