La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) ha pedido al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y al resto de magistrados de este órgano que establezcan una doctrina “clara y nítida” para “reforzar” al Sistema Nacional de Salud (SNS). Una “vacuna jurídica”, defiende este colectivo, “contra la gestión caprichosa” en la Sanidad.
Se trataría, explica AME, de “una nueva doctrina constitucional para que de una manera clara se vincule el artículo 43 de la Constitución con el artículo 15”. “Es decir, que el derecho a la protección de la salud sea instrumental y configurador del derecho a la vida e integridad física”, afirman estas enfermeras madrileñas.
En su opinión, España “optó por un modelo de descentralización política, y que ha supuesto una descentralización en la gestión de los servicios sanitarios, y dejando al Estado en un papel de regulador”. Son embargo, sostiene esta asociación, “históricamente los gobiernos centrales no han ejercicio esa labor proactiva de coordinación del SNS para evitar que principio de igualdad sanitaria en el conjunto de España no sea algo real y efectivo”.
A esto hay que añadir que la crisis desatada por el Covid-19 “ha puesto de relieve la falta de medios humanos, recursos asistenciales y recursos de protección para los sanitarios y los pacientes”. Algo que tiene “su origen en el ejercicio discrecional y caprichoso en la gestión sanitaria por los servicios autonómicos de salud, anteponiendo consideraciones económicas sobre consideraciones de protección a la vida y a la integridad física de los ciudadanos”.
“Se hace necesario que el juego caprichoso en la gestión de los servicios de salud se acabe”, afirman desde las filas de AME. Tal y como defiende este colectivo, “es preciso que a nivel político y en las estructuras administrativas-organizativas de los servicios de salud se interiorice” que las decisiones sobre las condiciones laborales, el gobierno de las organizaciones o la ordenación sanitaria “afecta al derecho fundamental a la vida y a la integridad física”.
Según AME, “si no se garantiza vía doctrina del Constitucional” esta cuestión “se mantendrá una peligrosa debilidad estructural del Sistema Nacional de Salud”.
