Las fresas de Emilia Gómez maduran bajo su inquieta mirada. Desde el verano, apenas dispone de agua por el cierre del pozo ilegal de su finca, una práctica extendida en una España cada vez más seca.
Unos cien pozos como el suyo fueron tapados en los últimos meses en su municipio, Lucena del Puerto, un pequeño pueblo andaluz en la provincia de Huelva (suroeste) identificado como el epicentro del robo del agua subterránea en el país.
«Aquí llevamos sembrando fruto 40 años y siempre ha sido con agua de pozo. Se ha intentado legalizar muchas veces pero siempre nos ha faltado el último paso», dice esta agricultora de 50 años que gestiona las 20 hectáreas familiares con sus dos hermanas.
«Han venido a cerrarnos nuestros pozos sin darnos otra solución», lamenta mientras escoge las fresas ya maduras que en apenas 48 horas llegarán a supermercados de toda Europa.
Entre los montes de pinares de Lucena, con cientos de hectáreas cubiertas de blancos invernaderos, es fácil encontrar pozos rudimentarios y balsas desmanteladas, que hasta hace poco alimentaban los cultivos de frutos rojos.
En algunos casos, estas perforaciones se encuentran a escasos metros del Parque Nacional de Doñana, un conjunto de marismas Patrimonio de la Humanidad que se nutre de esos mismos acuíferos subterráneos.
Destapados por una desgracia
Estas prácticas se remontan a décadas atrás pero saltaron a la palestra hace un año, cuando un niño de dos años cayó a un pozo ilegal cerca de la ciudad costera de Málaga (sur).
Durante trece días, el país siguió el rescate del cuerpo ya sin vida del pequeño Julen, interesándose también sobre estas perforaciones hasta entonces obviadas.
«Es un fenómeno que va a más», asegura la sargento Ana Prieto, portavoz del Seprona, la unidad policial para delitos ambientales.
«El cambio climático, el ascenso de las temperaturas y el cambio de secano a regadío hace que se encuentre una sobreexplotación de acuíferos importantes y también más extracciones ilegales», asegura.
En 2019, esta unidad lanzó una operación de cinco meses a escala nacional que permitió localizar 1.400 pozos ilegales.
En un informe reciente, la asociación Greenpeace duplicaba esa cifra y calculaba una sustracción de agua ilegal equivalente al consumo de 118 millones de personas, dos veces y media la población española.
En un país con dos tercios de su territorio en riesgo de desertificación, estas reservas subterráneas son vitales en un futuro de escasez.
«Si ahora no controlamos estos embalses, cuando los necesitemos nos vamos a encontrar la desagradable sorpresa de que no hay agua o que está contaminada», denuncia Julio Barea, de Greenpeace España.
Paraíso natural en riesgo
Esta sobreexplotación impacta especialmente en ecosistemas frágiles como los desecados humedales de las Tablas de Daimiel en Albacete (centro), la agonizante albufera del mar Menor en Murcia (sureste) o el mismo Doñana.
En 2019, la Unión Europea llamó la atención a España por los pozos ilegales que proliferaban alrededor de este paraíso de aves y hogar del lince ibérico.
«Y vamos a seguir, porque no podemos matar la gallina de los huevos de oro», señala el presidente de la Confederación, Joaquín Páez.
Atravesando ciudades como Córdoba o Sevilla, el Guadalquivir «es muy sensible al cambio climático».
Este año «la aportación a nuestros embalses respecto a la media de los últimos 25 años ha sido un 40% menos», explica.
Y en un escenario de sequía, las reservas subterráneas son «el gran almacén» para «garantizar la actividad agraria» del Doñana, de la que dependen 80.000 empleos.
Lucena «se lo juega todo»
La provincia de Huelva concentra un 90% de la producción de frutos rojos de España, primer exportador mundial de fresas.
Con apenas 3.000 habitantes, Lucena del Puerto produjo en 2015 43 toneladas de frutas que reportaron 500 millones de euros, según su alcalde Manuel Mora.
Con el cierre de pozos, la mitad de los cultivos podrían perderse. «El pueblo se lo juega todo a cara y cruz. Si esas hectáreas se cierran, el pueblo se va al garete», dice Mora.
«Somos los primeros que queremos cerrar esos pozos pero no antes de tener agua superficial», denuncia Romualdo Macías, presidente de la plataforma de regantes de la zona.
Sin su pozo, Emilia decidió plantar menos y con cultivo hidropónico, que no requiere de tierra y minimiza el consumo de agua mezclándola con nutrientes.
Aun así, contempla un «muy incierto» futuro. «Si este año no llueve y es seco, tendré que arrancar parte de la parcela», afirma.
Regadío o hambruna
«Durante mucho tiempo ha parecido que cualquiera podía tomar agua y ocupar suelo impunemente. Y las consecuencias son estas», denuncia Juanjo Carmona, coordinador del Doñana en la asociación ecologista WWF.
Según él, los «agropiratas» están detrás de la situación del parque, con tres de sus cinco reservas subterráneas con poca agua y una contaminada.
«En muchas zonas del acuífero no queda nada de agua», afirma este ecologista, denunciando una «burbuja del regadío» en España, con más cultivos intensivos de los que puede mantener.
«No hay una burbuja pero estamos cerca, si no hemos llegado ya, del límite», concede.
Pero en la plaza principal de Lucena, entre fachadas blancas con franjas de color mostaza, su alcalde defiende la necesidad del regadío.
«Evidentemente los cultivos no son los mismos. Pero no nos pueden pedir que sigamos cultivando trigo y pasando hambre como hacíamos en los años 1950», protesta.
