El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que, ante las importantes disparidades socioeconómicas que continúan observándose en España, la reducción de la contratación temporal «debe ser la piedra angular» para alcanzar una mayor igualdad y ha advertido de la necesidad de acometer medidas fiscales para rebajar el endeudamiento y el déficit de las pensiones.
«Reducir la prevalencia de los contratos temporales debe ser la piedra angular para la consecución de una mayor igualdad, lo que debe impulsarse a través de políticas activas de empleo y de educación más orientadas y modernizadas», señala el FMI en las conclusiones preliminares de la misión que ha visitado España para elaborar su informe anual sobre la economía española, conocido como ‘Artículo IV’.
Los técnicos del FMI advierten de que, a pesar de la abundante creación de empleo que ha caracterizado la recuperación de la economía española, la desigualdad y el riesgo de pobreza en España siguen siendo más altos que en otros países de la UE, especialmente entre los jóvenes.
En este sentido, la misión del FMI considera «oportuno» el plan económico del Gobierno a medio plazo, centrado en reducir estas disparidades socioeconómicas, aunque advierte de la complejidad de acometer la tarea en un contexto de perspectivas económicas inciertas y una deuda pública elevada.
En cuanto al mercado laboral, los ‘hombres de negro’ de la institución señalan los costes económicos y sociales vinculados a la alta dualidad y recomiendan perseverar en los esfuerzos en curso para atajar el abuso de los contratos temporales.
«A medio plazo, se necesita una transformación estructural que reduzca los incentivos a que los empleadores recurran en exceso a la contratación temporal», apuntan y para ellos recomiendan reducir al mínimo las brechas de protección del empleo entre temporales e indefinidos, así como la creación de un fondo de capitalización para despidos sufragado por el empleador.
«Esto reduciría la dualidad en el mercado laboral y no debería de incrementar los costes generales de despido para los empleadores ni rebajar la protección del empleo para la mayoría de los trabajadores», defienden.
En su análisis sobre España, los técnicos del FMI destacan que el peso de las rentas del trabajo en el PIB ha descendido en las dos últimas décadas, debido en gran medida al progreso tecnológico y la integración global, mientras que la media de horas trabajadas ha disminuido y la pobreza laboral ha aumentado en los años más recientes.
«Tendrían que destinarse esfuerzos a explorar y abordar los aspectos específicos de la legislación laboral que puedan haber ocasionado involuntariamente dichos fenómenos», recomiendan.
Asimismo, los técnicos del FMI consideran también necesario identificar los factores que contribuyen a la reducción de la duración de los contratos temporales y al abuso potencial de la mayor flexibilidad ofrecida por los contratos a tiempo parcial.
Con el fin de apoyar a las familias de renta baja y hacer frente a la pobreza laboral, plantean introducir un programa de créditos fiscales a los rendimientos del trabajo, lo que valoran como una herramienta mejor dirigida y más eficiente que el salario mínimo a la hora de abordar la pobreza y la desigualdad de renta.
Por otro lado, las conclusiones preliminares de la misión del FMI en España recogen la importancia de dotar de «suficiente flexibilidad» a la fijación de salarios y condiciones de trabajo para tener en cuenta las necesidades específicas de cada empresas, especialmente ante los riesgos a la baja para la economía.
A este respecto y para limitar las consecuencias sociales de los ‘shocks’ de carácter temporal, tales como el coronavirus, podrían adoptarse «regímenes de reducción del tiempo de trabajo», que permitirían a las empresas acortar el horario laboral manteniendo los puestos de trabajo, mientras que las administraciones públicas, por su parte, compensarían parcialmente la renta salarial perdida por los empleados.
Por otro lado, el FMI hace hincapié en que los efectos redistributivos de los programas de asistencia social en España «son relativamente débiles», ya que pocas medidas apoyan a quienes más lo necesitan y la protección se decanta hacia los pensionistas.
Conseguir que el gasto social sea más eficaz y equitativo entrañará un incremento en la cobertura de los grupos más desfavorecidos, así como en la adecuación de varios programas de asistencia social, lo que no solo requiere recursos adicionales, sino también reducir los obstáculos administrativos para aumentar la participación, mejorar la coordinación de las prestaciones entre las administraciones públicas, y mejorar la eficiencia tal como se ha destacado en las recientes revisiones del gasto.
Por otro lado, para apoyar la asequibilidad del alquiler y fomentar el acceso a zonas de fuerte creación de empleo, el FMI propone políticas dirigidas a reducir la rigidez de la oferta, así como mejorar el acceso a las ayudas al alquiler para los más necesitados y aumentar en algunos lugares el parque de vivienda social en alquiler para colectivos de renta baja, además de garantizar una buena infraestructura de transporte entre las ciudades de crecimiento rápido y otros lugares más asequibles.
Asimismo, en su análisis, la misión del FMI advierte de que a medio plazo reducir la deuda pública y el déficit «sigue siendo fundamental» ante la creciente presión del gasto social, algo en lo que España ha hecho progresos limitados pese al fuerte crecimiento económico de los últimos cinco años.
En este sentido, para satisfacer las crecientes demandas sociales y de inversión en apoyo de los avances tecnológicos, considera que la política fiscal debería centrarse en movilizar ingresos adicionales y potenciar la eficiencia del gasto.
«La ratio entre impuestos y PIB en España es relativamente baja en comparación con sus homólogos regionales», apuntan los técnicos del FMI, para quienes España cuenta con margen potencial de mejora estructural, especialmente mediante el fortalecimiento de la recaudación del IVA, el aumento de los impuestos sobre consumos específicos y las tasas ambientales, y la reducción de las ineficiencias del sistema tributario, sin dejar de proteger a los más vulnerables.
En este sentido, la institución advierte de que adoptar medidas para la creación de espacio fiscal «debería ser un prerrequisito para cualquier expansión adicional del gasto público».
En cuanto al sistema de pensiones, el FMI reclama un compromiso a largo plazo para contener la presión sobre el gasto en pensiones derivada del envejecimiento de la población que permita reducir el déficit en el saldo de las pensiones contributivas.
De este modo, la aplicación del factor de sostenibilidad «constituiría una aportación importante», sobre todo habida cuenta de que su anuncio hace casi una década ha dado a los futuros pensionistas cierto tiempo para prepararse para su impacto.
Asimismo, otras medidas específicas planteadas en las conclusiones de la misión del FMI para alcanzar un equilibrio entre la sostenibilidad de las pensiones y la aceptabilidad social, podrían ser retrasar la edad efectiva de jubilación incentivando una vida laboral más larga; incrementar los ingresos sin elevar el importe de las cotizaciones; y fomentar el ahorro complementario.
