La fiscalía de Barcelona presentó una querella pionera en España contra una usuaria de Twitter que difundió un video con el que de forma falsa acusaba a menores migrantes de hostigar a una profesora en un colegio español, indicaron este viernes a AFP fuentes judiciales. La usuaria, identificada por la policía y residente cerca de Barcelona, difundió el video en su cuenta de Twitter el 13 de junio del año pasado, según la querella de la fiscalía, a la que AFP tuvo acceso.
En realidad, el video había sido grabado el 30 de mayo pasado en una escuela de la localidad brasileña de Carapicuíba, en el Estado de Sao Paulo, según verificó AFP en septiembre. En él se ve a varios alumnos insultando a su profesora, pateando y lanzando mesas en el aula.
Sin embargo, la usuaria denunciada presentó el video como si hubiera sido grabado en España.
«Te mando un video de un centro educativo para los emigrantes menores de edad que entran ilegalmente en España. Te ruego que lo difundas para que España se entere de una vez cómo nos agradecen que los acojamos», escribió la usuaria en su tuit, según la denuncia de la fiscalía de Barcelona, fechada el 16 de enero.
La querellada, añade la denuncia del fiscal, «pretendía vincular una supuesta violencia en las aulas con los menores no acompañados procedentes de otros países que vienen a nuestro país, todo ello con el fin de denigrarlos».
La iniciativa es la primera que toma el ministerio público en España contra la desinformación. «Es la primera en toda España», aseveró a AFP la portavoz de la fiscalía barcelonesa.
El caso está ante un juez de la localidad catalana de Sant Feliu de Llobregat, cerca de Barcelona. Este deberá decidir si estima las diligencias solicitadas por el ministerio público, o si bien archiva el caso, una decisión que, en caso de producirse, podría recurrir la fiscalía.
La querella invoca un apartado del artículo 510 del Código Penal español, que prevé pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses a quienes «lesionen la dignidad» de un colectivo determinado «mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito».
La fiscalía aprecia como agravante el hecho de que se haya utilizado una red social que, según dice, tiene un público potencial de cinco millones de usuarios en España.
