La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado la anulación de la causa contra Ausbanc y Manos Limpias señalando que la Audiencia Nacional es competente, y también se ha opuesto a que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo pueda concurrir como testigo dada su «escasa fiabilidad». El fiscal José Perals ha señalado que son «tajantemente contrarios» a la admisión de las cuestiones previas presentadas –más de 50– por las defensas de los acusados de la causa contra Ausbanc y Manos Limpias, y han defendido que este tribunal es competente para juzgar los hechos.
«Sí es competente para el procedimiento», ha apuntado Perals, para luego añadir que el caso afectaba a 4.000 socios adheridos y a entidades financieras. Además, ha defendido que el juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, era competente también y ha añadido que «no hay base legal para atacar al magistrado y su independencia en el ejercicio de sus funciones».
Sobre la cuestión alegada por la defensa del presidente de Ausbanc sobre la nulidad del procedimiento por la denuncia anónima que dio lugar a la investigación policial, y que sostienen que provenía del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, el fiscal ha apuntado que no se intuye de la misma que se cometiera ningún delito.
Y ha añadido que no hay que exhortar al juez que lleva el caso ‘Tándem’ para que levante parte del secreto de su instrucción. «No nos da risa porque el tema es muy serio, si se acuerda secreto es porque el juez lo considera necesario», ha añadido.
Además, Perals ha recordado que a pesar de que el origen de la denuncia fuera un delito, «no anularía en ningún caso el procedimiento» y ha puesto como ejemplo el caso Falciani, quien comete un delito apropiándose de datos de un banco y el Supremo lo da por valido.
Tampoco ha aceptado que se anulen las actas de los registros y entradas en los domicilios de varios de los acusados y en las oficinas, y tampoco acepta que se anulen las intervenciones telefónicas ni que se dé una prescripción de algunas de las acusaciones porque ésta es de diez años para delitos de extorsión.
En cuanto a los testigos propuestos por la defensa de Pineda, entre los que se encontraban desde altos directivos de entidades bancarias y periodistas hasta el propio Villarejo, el fiscal ha señalado que o bien no eran relevantes para la causa o bien lo que pudieran declarar estando presos tendría escasa fiabilidad. Las acusaciones particulares y la acusación popular que ejerce Podemos se han adherido a lo expuesto por el fiscal.
La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses, al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.
Para la que fuera abogada de la acusación en el ‘caso Nóos’, Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión. El fiscal, que además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra siete personas más, para los que solicita penas que oscilan entre los 66 años y 10 meses de prisión.
