El próximo sábado, 29 de junio, las familias damnificadas por la venta de casi 3.000 pisos del Ivima a un fondo buitre se manifestarán ante la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, para demandar la restitución de sus derechos como moradoras de vivienda pública.
Ese día, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima, acompañada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social, volverá a pedir la reversión de la operación de enajenación que fue pergeñada en 2013 por el Ejecutivo de Ignacio González. En concreto, “exigirán al Gobierno entrante que, a diferencia de lo que ha hecho hasta el momento la Administración autonómica, no recurra el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el caso, que establece la nulidad de la venta, y ponga fin a un sufrimiento que dura ya seis años”. Ya que aunque la Justicia abre con dicha sentencia la puerta hacia la reversión, ésta puede ser recurrida en el propio TSJM y ante el Tribunal Supremo.
Desde la Fravm se recuerda que hace tres semanas se conoció que la Sección Octava del TSJM había rechazado sendos recursos interpuestos por el Gobierno regional y por la empresa compradora, el fondoGoldman Sachs, contra un fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid del año pasado que declara nula la compraventa por no ajustarse a derecho.
En su sentencia, el TSJM concluye que la operación se encuentra «bajo sanción de invalidez» porque la Comunidad de Madrid la justificó de manera inadecuada, indicando sin muchas explicaciones que las casi 3.000 viviendas sociales enajenadas ya no eran necesarias. “Una cosa es que la motivación sea breve o escueta –se materializó en una memoria de apenas unos folios– y otra muy distinta es que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse», puede leerse en el fallo.
Dicha sentencia “ha abierto una ventana de esperanza a las familias damnificadas, que el pasado mes de enero tuvieron que lamentar el archivo de la causa penal que desde 2014 instruía el Juzgado número 48 de Madrid” recuerda la asociación de afectados” que cree que “ya va siendo hora de hacer justicia y de reparar, en la medida en que sea posible, el enorme daño infringido contra estos hogares”.
Recuerda que “en estos años, muchas de estas familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas al no poder hacer frente a las condiciones impuestas por la actual propietaria, Encasa Cibeles, o ante el abandono y deterioro de sus bloques, pero también que “otras tantas resisten hoy como pueden, haciendo frente a las presiones cotidianas de esta empresa, filial de Goldman Sachs, para que se marchen de los inmuebles”.
Por ello, la asociación de perjudicados, que dice haber mantenido en los dos últimos meses diversos encuentros con formaciones políticas para sumar apoyos a su causa, reclamará el sábado al futuro gobierno “que se ponga del lado de las familias y busquen acabar con su calvario de una vez por todas, renunciando a recurrir la sentencia del TSJM y haciendo todo lo posible por recuperar, para el fin para el que fueros concebidas, las 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del IVIMA que fueron malvendidos al fondo buitre Goldman Sachs”.
