El Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid reanuda hoy el juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, en el que están acusados el partido y tres empleados, con la presentación de pruebas periciales sobre el caso.
La presentación de pruebas ha estado precedida por la polémica, ya que las acusaciones populares -ejercidas por IU, el Observatori de Drets Humans y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa- han acusado al PP de retrasar al máximo la presentación de su informe pericial informático, restándoles tiempo para estudiarlo y poder rebatirlo.
Las acusaciones, por su parte, han solicitado que comparezcan los expertos informáticos de la Policía Nacional que analizaron el disco duro de uno de los portátiles que el PP presentó en la Audiencia Nacional, ya que el otro fue entregado sin él., según informa Efe.
El juez Pablo Ruz, que investigaba los denominados papeles de Bárcenas con la supuesta contabilidad B del PP, reclamó los dos ordenadores al partido en 2013, con la intención de cotejar sus archivos con la información que el extesorero había facilitado a la Audiencia Nacional en una memoria USB, pero no pudo hacerlo.
Del informe pericial se desprendía que en el disco duro se había instalado el sistema operativo del ordenador seis días después de que Bárcenas ingresara en prisión por el caso Gürtel y que era imposible hallar ningún archivo previo.
El PP, que se ha apoyado en el testimonio de varios de sus trabajadores, ha alegado que los ordenadores no eran de Bárcenas, sino suyos, y que les aplicó un procedimiento de “borrado seguro”, como hace habitualmente cuando un empleado deja el partido. Asegura además que no contenían ningún archivo.
El partido está acusado de delito de daños informáticos, mientras que tres de sus empleados -la extesorera Carmen Navarro, el responsable de la asesoría jurídica, Alberto Durán, y el jefe del departamento de sistemas informáticos, José Manuel Moreno- están también acusados de encubrimiento.
Bárcenas, por su parte, ratificó la semana pasada ante el juzgado de lo penal número 31 de Madrid, donde se celebra el caso, que los portátiles eran suyos y contenían «información relevante» sobre la caja B del partido. Vinculó además el borrado con la operación Kitchen, presuntamente diseñada por Interior en 2013 para sustraerle documentos con la ayuda del excomisario Villarejo.
La vista oral acabará previsiblemente este viernes con la presentación de las conclusiones finales de las partes.
