La Seguridad Social acumula unas pérdidas de casi 100.000 millones de euros desde el año 2010, de acuerdo con la ‘Declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2017’ que el Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso de los Diputados, y en la que el organismo avisa de que la Seguridad Social presentó un patrimonio negativo de más de 13.700 millones.
El informe, que ha sido adelantado por el diario El Mundo, señala que el balance de la Seguridad Social recogía, a 31 de diciembre de 2017, un “patrimonio neto negativo de 13.720,6 millones de euros”, localizado en las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), “que lo tienen negativo por 18.538,7 millones, y cuyo origen está en sus resultados económico patrimoniales negativos del período 2010 a 2017”, que ascienden a una cifra de 99.503,2 millones de euros.
El organismo fiscalizador explica que estos resultados negativos derivan de las operaciones de la gestión ordinaria de estas entidades, porque los recursos de esta naturaleza (mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida, transferencias recibidas del Estado) “resultaron insuficientes” para la cobertura de los gastos del mismo origen (prestaciones contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no contributivas), provocando “desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería”.
La solución adoptada en 2017 y en 2018 para corregir tales desequilibrios, ha sido otorgar nuevos préstamos a la TGSS, por 10.192 millones y 13.830 millones de euros, respectivamente, que han proporcionado cobertura financiera a las obligaciones de la Seguridad Social y han posibilitado una recuperación transitoria de su tesorería y de su equilibrio presupuestario a nivel global, aunque no en las operaciones no financieras, describe el informe.
Sin embargo, “este tipo de medidas coyunturales no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo”. “Más bien al contrario”, añade el Tribunal de Cuentas, “dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia (a 31 de diciembre de 2017, el balance de la TGSS recoge una deuda a favor de la AGE de 27.360,7 millones de euros)”.
El organismo fiscalizador avisa de que los préstamos otorgados para pagar las pensiones “no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de naturaleza estructural de que adolece el sistema de la Seguridad Social, por lo que resulta necesario promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable, esta situación, sin olvidar, además, el saneamiento de su endeudamiento frente al Estado, todo lo cual bien podría abordarse, en su caso, en el marco del denominado Pacto de Toledo”.
No obstante, hasta que este tipo de soluciones pueda ejecutarse, “lo recomendable sería que los déficits financieros y presupuestarios que está soportando la Seguridad Social se cubrieran, como hasta ahora, con financiación estatal”, aunque, en vez de en préstamos, a través de “transferencias corrientes de la AGE”.
