El juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón afirma que “los investigados están realizando movimientos de fondos desde cuentas radicadas en el extranjero” y aunque aún no se conoce el origen del dinero, considera que puede “guardar relación» con los presuntos hechos delictivos que se juzgan en la Audiencia Nacional. Además, y según informa hoy vozpopuli.com, el magistrado advierte que los acusados en la trama de corrupción continúan “manteniendo contactos y reuniones” posiblemente vinculadas con el traslado de “documentación incriminatoria”.
En un auto al que dice haber tenido acceso vozpópuli.com, el magistrado hace referencia a Fernando Autrán Pérez, quien fuera consejero del Canal de Isabel II durante la gestión del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. En concreto, y según este medio online, el juezpide librar una comisión rogatoria internacional a las autoridades de Suiza para que facilite datos sobre “todos los productos financieros» en los que intervenga. Y avisa de su especial interés en los datos que estén vinculados al banco EFG Zurich.
El medio online explica García-Castellón ya había reclamado a las autoridades de Mónaco que bloquearan de forma “urgente” el millón de euros que Autrán tiene en ese país, según consta en un auto de 11 de enero publicado por este periódico. Tras analizar una información enviada por el Principado, el magistrado sospechó que el dinero en la cuenta del exconsejero podría proceder de actividades ilícitas, “aprovechándose de los cargos públicos que ha ido ostentado en la Comunidad de Madrid”.
En ese mismo escrito, el juez hace hincapié en la compra por parte del Canal de Isabell II de la empresa colombiana Inassa. Avisa de que los fondos públicos desviados en dicha operación podrían alcanzar los 20 millones de euros; un negocio que fue autorizado en un Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por el propio Ruiz-Gallardón.
Es precisamente por esta operación que el Juzgado Central de Instrucción número 6 ordenó el pasado octubre examinar el patrimonio de Ruiz-Gallardón. Estas pesquisas ayudarían a los investigadores a determinar si hubo enriquecimientos sospechosos que pudieran aportar nuevos datos al caso.
Según consta en un escrito de agosto publicado en este medio, la Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes del Ministerio de Justicia envió al juez un informe de 31 páginas con la información solicitada.
