El diario Público revela la existencia de un informe del Grupo de Blanqueo de la UDEF (725 folios y casi 2.500 más en anexos), que “sostiene que la cúpula del Partido Popular capitaneó durante más de 20 años una trama política y funcionarial mafiosa en Baleares: una vasta organización criminal dedicada al enriquecimiento de sus dirigentes que manipuló la Administración pública, el poder legislativo, los tribunales de oposiciones y la Policía local, causando ‘un brutal menoscabo’ del interés general”.
El digital asegura que “el demoledor informe” llegó al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca el 25 de septiembre de 2017, juzgado que instruye el caso Cursach en el que se investigan las relaciones de Bartolomé Cursach -el mayor empresario del ocio nocturno mallorquín- con estamentos políticos y policiales.
La causa ha estado rodeada por la polémica, y el último capítulo sucedió el pasado diciembre cuanto el instructor dio orden de confiscar, para averiguar el origen de una filtración, los teléfonos móviles, ordenadores y archivos de dos periodistas de Diario de Mallorca y la agencia Europa Press que dieron cuenta de un informe policial incluido en la causa.
En el informe, del que publico.es reproduce algunos de los párrafos textuales más jugosos se dice que contiene “pruebas e indicios de la creación de legislación específica que beneficia a personajes concretos, con desprecio absoluto al interés general; la manipulación de oposiciones que coloca a funcionarios amigos o maleables en puestos de la administración real pero que, con sus actuaciones y omisiones, benefician a la administración parasitaria; manipulación, a través de decisiones tomadas en órganos no aptos para ello, de todo tipo de actuaciones administrativas, con la complicidad de los órganos sindicales y funcionariales que deberían estar encargados de su vigilancia; la defenestración de aquellos funcionarios que no se avienen a los deseos de la administración parasitaria y el meteórico ascenso de los dóciles a ella; el acompañamiento y participación de algunos empresarios en esta tarea invasiva y depredadora de los caudales públicos”.
Recalcando el mencionado digital que “las conclusiones (a partir del folio 707) no pueden más que ratificar una realidad de casi un cuarto de siglo en el que Baleares, y sobre todo Palma de Mallorca, pareció estar viviendo el Chicago de los años 30, sólo que el jefe no era Al Capone sino el máximo dirigente del PP en las islas”.
