El Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Manuel García Castellón, instructor de Púnica, ha exigido a la Comunidad de Madrid la documentación relativa a nuevas adjudicaciones de la antigua empresa pública Arpegio (en la actualidad Obras de Madrid) ante la identificación de recientes “indicios de pre adjudicaciones si la empresa [Arpegio] se avenía a pagar comisiones a la autoridad adjudicante o a su partido”, según informa hoy elndependiente.com.
El digital que dirige Casimiro García-Abadillo recuerda que Arpegio (que entre 2010 y 2017 se llamó Nuevo Arpegio y desde diciembre de 2017 fue refundada como Obras de Madrid) está en el foco de la trama de corrupción que estalló en octubre de 2014 y más concretamente el Programa Prisma,
Elndependiente.com asegura que en el escrito del 30 de octubre de la Fiscalía en el que solicita al juez abrir diligencias dice que “se ha conocido que las empresas recuperaban esas comisiones, con sobrecostes de obras, convalidaciones y modificados en los que ya intervenían algunos técnicos, coadyuvando a resarcir a las adjudicatarias de las comisiones abonadas a costa del erario público”.
La Comunidad de Madrid confirma a este medio que Obras de Madrid fue requerida por el juez García Castellón. Según portavoces del Gobierno regional, la empresa pública “presentó la documentación requerida” por el magistrado de la Audiencia Nacional “y mostró su colaboración con la Justicia poniendo a su disposición los archivos de la empresa para la obtención de información que pueda ser de interés en las diligencias que se abrieron en su día”.
En el escrito de la Fiscalía –según explica elindependiente.com- se solicita a la sociedad regional “que certifique los siguientes extremos” para clarificar “si han existido o no desviaciones desde los importes de adjudicación”, así como las “cuantías”. En concreto, el juez instructor ha pedido los importes “de los contratos de obras y servicios de los programas Prisma 2006-2008 y 2011″ (hasta 2015, que fue la vigencia del Programa de Inversión Regional, Prisma)”; la Audiencia también quiere conocer la “indicación del municipio, el director de la obra y la empresa adjudicataria”.
Igualmente, el magistrado reclama “cualquier modificado complementario o los expedientes de convalidación” de dichas adjudicaciones; y finalmente, se solicita el nombre de los “funcionarios o el personal que hayan intervenido en las certificaciones”. La finalidad, recuerda la Fiscalía, es identificar las posibles desviaciones arriba aludidas a las empresas “de las que tenemos indicios de haber satisfecho comisiones”, así como “las razones, necesidad y contenido de las convalidaciones o certificaciones de obras que implicaron un mayor gasto”. En el escrito se insiste en la importancia de conocer los importes para “cuantificar el aseguramiento de bienes de los investigados, que en su caso deben estar sujetos a un futuro resarcimiento de perjuicios”.
García Castellón accedió el pasado mes de noviembre a petición de la Fiscalía Anticorrupción a ampliar 40 meses más el plazo de instrucción de la trama Púnica. En dicha trama se investigan, entre otros, delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.
