Narcís Serra no se arrepiente de su gestión como presidente de CatalunyaCaixa, según ha asegurado hoy el también exvicepresidente del Gobierno a su entrada a la Audiencia de Barcelona, donde hoy ha comenzado el juicio por los sueldos millonarios que se aseguró la cúpula de la entidad en plena crisis.
Serra y el exdirector general de CatalunyaCaixa, Adolf Todó, han llegado a la sede de la Audiencia de Barcelona acompañados por sus abogados. Al ser preguntado por los periodistas por si se arrepentía de su labor al frente de CatalunyaCaixa, Serra ha comentado escuetamente ante las cámaras: “No me arrepiento. Lo que hice fue lo que debía hacer”.
El que fuera vicepresidente y ministro en el Gobierno de Felipe González ha atendido también a los medios a la salida del juzgado, donde ha valorado que “hoy sólo se han debatido las cuestiones previas” y ha defendido que se enfrenta al juicio “con mucha tranquilidad” y confianza de que “aclaremos todo”, si bien ha reconocido estar algo “preocupado”.
“Hicimos lo que correspondía”, ha insistido Serra, que considera que la cúpula de la entidad rescatada en todo momento tomó decisiones “legales y legítimas”.
La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy los sueldos millonarios abonados a la antigua cúpula de CatalunyaCaixa, un proceso en el que están acusados un total de 41 exdirectivos de la entidad, que tuvo que ser rescatada con más de 12.000 millones de euros.
El tribunal rechaza la nulidad parcial del juicio
En su primera sesión, el tribunal ha rechazado la solicitud hecha por las defensas de Serra y Todó de nulidad parcial del juicio. Los abogados habían hecho esta petición argumentando que la CUP, que ejerce la acusación popular, no estaba legitimada para ejercer la acción civil y solicitar fianza para los acusados, al no ser directamente perjudicada por los hechos que se juzgan.
Asimismo, estas defensas han reclamado rebajar la fianza de 9,5 millones de euros que el juez de instrucción fijó, ateniéndose a lo solicitado por la CUP, alegando que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que representa al FROB en este caso, la limitaban a 2,56 millones menos.
Según Efe, el presidente del tribunal ha avanzado que no podía decretar la nulidad del acto de juicio oral para no “dilatar la causa”, y ha precisado que respondería “con sosiego” a las peticiones de la defensa en una resolución por escrito.
