El pasado miércoles saltaba un nuevo escándalo a los titulares: el consejero delegado de Danske Bank, Thomas Borgen, presentaba su renuncia tras salir a la luz un posible caso de blanqueo de dinero a través de la filial estonia del banco. No es la primera vez que ocurre y cada vez son más las voces que apuntan a las deficiencias de la Unión Europea para atajar estas prácticas.
En 2012 el británico HSBC llegó a un acuerdo con los reguladores estadounidenses para pagar 1.920 millones de dólares y liquidar así las acusaciones de lavado de dinero. Las autoridades habían acusado al mayor banco por activos de Europa de permitir que cárteles internacionales de drogas lavasen miles de millones de dólares a través de las fronteras.
El caso desató una ola de campañas y reformas contra el lavado de dinero en todo el mundo, incluida la Unión Europea, pero el goteo de escándalos no se ha detenido. Hace sólo unos días saltaba a los titulares el de Danske Bank, al que se acusa de haber utilizado su sucursal en Estonia para lavar alrededor de 7.800 millones de euros entre el 2007 y el 2015.
Una investigación interna del mayor banco de Dinamarca ha descubierto una gran cantidad de cuentas y transacciones sospechosas en su sucursal en Estonia, que manejó aproximadamente 200.000 millones de euros de 15.000 clientes extranjeros, algunos de Rusia. La “gran mayoría” de los 6.200 clientes investigados hasta ahora son “sospechosos”.
No es un caso aislado. A principios de este mes ING acordó pagar 775 millones de euros a los reguladores holandeses después de admitir que sus controles eran insuficientes para evitar que los delincuentes lavaran dinero a través de sus cuentas.
“Hay sanciones muy limitadas impuestas en algunos países y los organismos de supervisión a nivel nacional no siempre hacen su trabajo”, valora Laure Brillaud, experta en lavado de dinero de Transparencia Internacional, en declaraciones a la CNN.
El principal problema es que Europa no tiene una sola organización encargada de erradicar el crimen. Los tres principales reguladores financieros europeos combinados tienen solo dos funcionarios que trabajan a tiempo completo en la prevención del lavado de dinero. La mayor parte de la responsabilidad recae en las autoridades nacionales, y algunas simplemente no están a la altura del trabajo.
Debido a la forma en que funciona la Unión Europea, una vez que el dinero sucio ingresa al sistema bancario en uno de los 28 países, puede moverse fácilmente. En ese sentido, Brillaud considera que imponer sanciones a los estados miembros de la UE que no controlen adecuadamente el lavado de dinero podría conducir a una mejor supervisión, pero Bruselas por el momento no ha dado ese paso.
