El portal de la Transparencia ha actualizado los últimos permisos de la Oficina de Conflictos de Intereses a altos cargos del Ejecutivo, empresas públicas y Ejército para irse a trabajar a instituciones privadas o públicas tras haber salido del poder.
Empezando por los más recientes, seis altos cargos que perdieron su trabajo con la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy ya han solicitado y obtenido autorización para un nuevo puesto. Julio Gómez- Pomar, hasta junio secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, sale de Fomento para trabajar en la escuela de negocios Instituto de Empresa.
Desde la cartera de Economía, la ex secretaria general de Industria y Pymes, Begoña Cristeto, ya ha obtenido la conformidad del Gobierno para trabajar en la consultora KPMG. Y del Ministerio que dejó Rafael Catalá sale el ex secretario general de Administración de Justicia, Antonio Dorado, que ha solicitado reingresar en la Universidad Pablo de Olavide.
Por el momento, el propio PP ha puesto en nómina a tres de estos altos cargos salientes de Rajoy: el exdirector de gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, reingresa en el Grupo Parlamentario Popular y el exdirector de gabinete de Íñigo de la Serna, Ángel Fernández Díaz, reingresará como abogado en el PP, el mismo destino que Valle Ordóñez, coordinadora de asuntos de Presidencia hasta el pasado junio.
Pero volviendo al ámbito privado, también se conocen nuevos destinos para parte de la cúpula que salió antes de la caída de Rajoy: por ejemplo, el ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMACON) Juan Antonio Carrasco, ha sido autorizado a trabajar en Airbus.
Carrasco abandonó su puesto en 2017, cuando Cospedal renovó los altos mandos del Ejército, en el cargo desde 2011. Y en esa misma tanda abandonó el cuerpo su superior, el exJEMAD Fernando García Sánchez, que ahora ha obtenido vía libre para presidir la Fundación Iberdrola.
No es la primera vez que mandos del Ejército pasan a empresas privadas directamente relacionadas con el sector que dirigieron: en febrero se supo que la Oficina de conflictos de intereses no vio ningún problema en que el anterior Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Francisco Javier García Arnáiz, fichara por Global Training Aviation. Su número 2, Eduardo Gil Rosella, ex segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (SEJEMA), entró en la nómina de Oesia Network, y el ex Jefe del Mando Aéreo de Combate Eugenio Ferrer Pérez, se pasó a Indra, gigante del armamento español.
De esta tanda de licencias también trasciende que la mano derecha de Cristóbal Montoro durante la primera legislatura de Rajoy, Miguel Ferre, pidió autorización para trabajar en la consultora Estratelis Capital Markets & Corp., aunque ya desde el final de 2016 trascendió su fichaje por un centro de investigación de la Ffundación EY y el IE Business School.
Tras el nombramiento de Román Escolano como ministro de Economía la pasada primavera, quedó libre la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). España conservó ese puesto con la hasta entonces secretaria general del Tesoro, Emma Navarro, cuyo traslado también recoge el Portal de la Transparencia, así como el de Luis de Guindos y su mudanza al despacho de número dos del BCE.
En abril, la Oficina de Conflictos de Intereses también autorizó que el exdirector general del Tesoro, José María Fernández Rodríguez, entrara en el consejo asesor de la Fundación Rafael del Pino.
Otro de los altos cargos que abandonó el poder al fin de los primeros cuatro años de Rajoy fue el exdirector general de Medios y Diplomacia Pública, Tomás Poveda, que ha obtenido el consentimiento para trabajar en la consultora de comunicación Atrevia.
También llama la atención el regreso de Manuel María Valencia, embajador en China hasta el pasado otoño, a la cotizada Técnicas Reunidas, una de las grandes ingenierías internacionales y donde ya había sido vicepresidente.
La ley establece que “durante un periodo de dos años tras el cese, los altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses”; es decir, para evitar las llamadas ‘puertas giratorias’ e impedir que los exdirigentes políticos saquen rédito privado de su poder público o que las empresas se beneficien de ello. Los altos cargos son fichajes muy codiciados en sociedades privadas por su capacidad de influencia ante los resortes con más poder de cada sector.
