Casi 50.000 contratos menores a la misma empresa. Hospitales que adjudican el 80% de su presupuesto ‘a dedo’, contratos con farmacéuticas para el mismo medicamento cada dos días, durante años. Es solo una mínima parte de la información que ya existe sobre la contratación en la sanidad pública madrileña, cada vez con más voces y datos en contra.
Hace unos días IU extrajo y publicó los miles de contratos menores de la región en los últimos dos años y medio. Deben ser transparentes y al alcance de cualquiera, pero hicieron falta días de programación avanzada para extraerlos y clasificarlos.
Se firmaron 1,2 millones de expedientes menores (hasta 15.000 euros en compras y 50.000 euros en obras) sin publicidad ni concurrencia, el 94,52% corresponden a la Consejería de Sanidad. Mediante ellos se gastó hasta el 15% del gasto total en la región.
Aunque IU ha elevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción, no es la primera alarma en saltar. Decenas de informes de la Intervención General de la Comunidad de Madrid llevan años poniendo de relieve indicios de ‘troceos’ de contratos en la sanidad de Madrid. Es una técnica ilegal y recurrentemente incumplida en la Administración en caso de prácticas corruptas y mala gestión.
“El 45,48% del gasto ha sido mediante contratación menor y el 44,85% mediante procedimiento negociado sin publicidad. El alto porcentaje de utilización de la contratación menor implica la utilización de procedimientos contrarios al principio de publicidad y concurrencia establecidos en La Ley de Contratos del Sector Público”, escribían los interventores de la Hacienda madrileña en 2014 sobre las cuentas del Hospital Ramón y Cajal.
Las auditorías oficiales descubren múltiples ilegalidades en la gestión del Hospital Ramón y Cajal
Ese mismo informe denunciaba que la contratación menor en el centro no hacía sino aumentar, y apuntaba de forma directa al ‘troceo’: “Se sigue realizando fraccionamiento del objeto del contrato en todos los expedientes de suministros analizados, eludiéndose así la tramitación de procedimientos abiertos con su publicidad implícita”.
Pero la dinámica continúa, las sanciones brillan por su ausencia y los miles de contratos extraídos alcanzan hasta el fin de 2017. En la denuncia de IU figuran solo el actual consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el anterior, Jesús Sánchez Martos.
Mónica García, portavoz de Sanidad de Podemos en la Asamblea de Madrid, en declaraciones a este medio, apunta a que la solución es ‘sencilla’: “Transparencia y luego vigilancia y asunción de responsabilidades”.
En definitiva, como recuerda, todo pasa por cumplir la ley. Si no se hace así, las preguntas por esta práctica no tardan en aparecen en la mente de la diputada: “¿Cuánto nos podríamos ahorrar con simples acuerdos marcos? No tiene lógica hacer dos o tres contratos de lo mismo”.
Contratos troceados más de 100 veces para pagar tratamientos y suministros en la sanidad madrileña.
Un ecosistema alrededor de la contratación pública abonado para la corrupción que sigue operando en nuestros hospitales.
Así se lo pregunté al gobierno del PP pic.twitter.com/s5TNCFImXW
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) 8 de junio de 2018
En este sentido, la parlamentaria de la formación morada destaca que firmar acuerdos marcos con farmacéuticas, por ejemplo, evitaría este abuso y otras consecuencias: “¿Cómo se negocian estos contratos? ¿Cuánto pagan por cada unidad? No se sabe. No se hace gratis. Tienen a gente trabajando haciendo 200 contratos al día”. “No todos los contratos son corruptos, pero son un caldo de cultivo”, asevera García.
Sin noticias de la previsión
Sin embargo, salir de esta dinámica parece posible: “Los hospitales llevan abiertos 50 años, podemos calcular lo que vamos a gastar”, explica a EL BOLETÍN una fuente de la gerencia sanitaria pública.
Esta misma fuente con experiencia en contratación pública en hospitales insiste en que los contratos menores deben usarse para “ocasiones puntuales” y que no habrá buena gestión sin que los centros sanitarios comiencen a planificar qué bienes y servicios necesitan para redactar contratos con publicidad y concurrencia.
La Comunidad de Madrid dio hasta 49.000 contratos menores a una misma empresa
“No hay que olvidar nunca que lo que manejamos es dinero público”, recalca. “Hay falta de previsión, si se me rompe una cama, no tengo más remedio que comprarla, pero debo saber en qué situación están las camas”, completa. Mientras tanto, la otra pata que se destaca es la transparencia: “Cada hospital debe publicar qué contratos menores hace, detallarlos y argumentarlos”.
La coincidencia de los expertos en contratación pública consultados por este digital es total y elevar los controles, así como que se asuman responsabilidades es fundamental. Así lo recuerda otra fuente con experiencia en gestión sanitaria: “La clave es que la Intervención adquiera el protagonismo que a mi juicio debe tener y del cual actualmente dista mucho”.
Un buen uso del contrato menor
Y más para vigilar unos contratos menores que, en múltiples ocasiones, se hacen inevitables. “Con un contrato te puedes eternalizar; cuando se te estropea un aparato no puedes esperar seis meses y es inevitable por razones de rapidez y porque los departamentos de compra no tienen gente suficiente; un concurso exige mucho trabajo”, sostiene esta otra fuente.
Evitar un mal uso de la contratación menor y llenar el proceso de opacidad no son los únicos peros. La ineficacia de firmar múltiples contratos menores de una misma temática también es otro de los riesgos ante un procedimiento crucial. Ahí aparece la industria farmacéutica y el conflicto que tienen los hospitales con ella.
“El problema es que no se compra lo suficiente”, empieza a describir este último experto. Y con un símil se entiende: “No por comprar poco, se gasta poco. Si vas de viaje de Madrid a Asturias y, en vez de llenar el depósito a la salida, decides ir echando gasolina cada 100 kilómetros corres riesgos: es más costoso y puede llegar un momento en el que te quedes tirado en el arcén”.
El consejero defiende la gestión
Mientras, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un debate parlamentario con Mónica García se mantuvo firme en que «la actividad sanitaria requiere de un porcentaje de contratos menores por la imprevisibilidad, por la exclusividad de los fármacos”. Tampoco dudó en reseñar que están trabajando por la transparencia y reduciendo contratos menores.
Pese a ello, las versiones de los profesionales constatan los malos vicios: troceo de contratos (“es muy evidente cuando se hace”), falta de responsabilidad de los gerentes y de control, opacidad que genera más “mercados cautivos” de los que ya existen, abuso de este procedimiento y falta de previsión.
Madrid tiene un problema con los contratos menores y la sanidad pública es el nombre propio por acaparar el alto porcentaje de estos contratos que se firman. Y un dato es concluyente: la Comunidad de Madrid firmó en 2017, como publicó El Confidencial, más contratos menores que Valencia, Galicia, Cataluña y Andalucía juntas.
