Dos plataformas de inquilinos en lucha han llevado al Congreso de los Diputados sus peticiones para frenar lo que consideran una “burbuja de alquileres” así como una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
El Sindicat de Llogaters de Barcelona y el Sindicato de Inquilinas de Madrid se han reunido con la mayoría de los partidos con representación parlamentaria salvo PP y PNV, que han rechazado el encuentro. A los que han querido escuchar, les han trasladado al menos seis propuestaspara zanjar los crecientes problemas de la población que vive de alquiler. «Esta es una burbuja alimentada políticamente y políticamente se debe revertir«, explicaba ante los leones del Congreso Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Sobre la LAU, que en 2013 se reformó bajando de cinco a tres los años de contrato de alquiler mínimo asegurado al inquilino, entre otras modificaciones, las plataformas de arrendatarios exigen ir más allá de la norma previa. Proponen contratos más largos: de seis años para pequeños propietarios y de 12 para grandes arrendatarios, además de renovaciones automáticas salvo necesidad propia o familiar del arrendador.
Los precios de los alquileres se han disparado una media del 8% solo de enero a marzo de 2018 en toda España. Han aumentado un 18% desde el mismo mes del año pasado.
Alquilar en el centro de Madrid es hasta un tercio más caro que hace cuatro años y en Barcelona las rentas se han encarecido un 40% desde 2014. Casi seis de cada diez desahucios el año pasado fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impago de alquiler.
Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters de Barcelona explicó que nueve de cada diez desahucios en esta ciudad se producen ya por contratos de alquiler, al igual que siete de cada diez lanzamientos en Madrid.
Por todos esos datos las plataformas piden una regulación de precios de arrendamiento “mediante un índice vinculante” y con penalizaciones. Paralelamente, exigen la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional y obligación de realojo en estos casos a cargo de las Administraciones Públicas.
También proponen que sea la propiedad quien deba hacerse cargo de los pagos a los intermediarios del alquiler. Hay que recordar que, según la Asociación Española de Franquiciadoes, en 2017 había un 30% más de agencias inmobiliarias franquiciadas que tres años antes. En global, el año pasado había en España 5.000 intermediarias de la compra-venta de inmuebles más que en 2014, un incremento del 18,5%.
Sobre los agentes que operan en el mercado, a los que consideran corresponsables de la burbuja junto a las políticas de vivienda de las últimas décadas, estos ‘inquilinos rebeldes’ exigen “el fin de los privilegios» de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis).
El otro gran punto que destacan ambas plataformas es la movilización de viviendas vacías, gestionadas con multas y expropiaciones, así como la sutitución del sistema VPO (vivienda pública oficial, que se distribuye mediante la venta) por un esquema de propiedad pública de las viviendas sociales.
«La propiedad siempre ha estado organizada y ahora nosotros tambien lo estamos», defendía ayer Palomera. Critican que la burbuja del alquiler no es sino «una estafa preparada por el Gobierno» tras el estallido de la crisis inmobiliaria basada en las hipotecas y la propiedad en 2008, : «El Gobierno no sólo no rescataba a las familias sino que preparaba la siguiente burbuja», expresaba el portavoz.
«Nos quedamos en nuestras casas, porque no puede ser que lleguen burofaxes con plazo de 30 días para desalojarnos por subidas del 30% o el 50% de los precios del alquiler», espetaron ante el Congreso. Piden frenar y revertir los «desahucios invisibles» porque «si no lo hace el Gobierno lo haremos los vecinos». Palomera explicó que «ya se están consiguiendo «negociaciones colectivas con la propiedad».
Las respuestas de los partidos
Los sindicatos han criticado duramente que PP y PNV no hayan accedido a reunirse. «Ha sido el Gobierno el que ha creado la burbuja», denunciaba este miércoles Gil. Ciudadanos no se ha mostrado dispuesto a hacer «cambios» en la actual legislación sobre el alquiler, lo que les sitúa en el bando de los «cómplices» de la situación, en palabras del portavoz del sindicato barcelonés.
Aseguran que hay una especie de bloque a favor en el resto de la oposición, aunque con diferencias. En el siguiente esquema han resumido las principales posiciones de las formaciones parlamentarias:
Salvo Ciudadanos, todas las formaciones afirman estar a favor de movilizar las viviendas vacías a base de multas y/o expropiaciones en caso de permanecer vacías por más de dos años. También de sustituir la VPO de venta por pisos públicos de alquiler.
