La ingeniería fiscal es una práctica habitual de compañías como Apple o Google para pagar menos impuestos en Europa. Recurren a complicadas estructuras para tributar casi toda su actividad en el Viejo Continente en los países que ofrecen mejores condiciones, como reveló la Comisión Europea en la investigación que llevó al organismo a imponer una histórica multa de 13.000 millones de euros a la empresa de la manzana mordida. Ahora, Bruselas ha dado a conocer sus propuestas para poner fin estos ‘tejemanejes’ de los gigantes tecnológicos.
El Ejecutivo europeo plantea un impuesto provisional a escala europea a determinados ingresos de actividades digitales que actualmente “quedan completamente fuera del actual marco fiscal”. Además de generar ingresos para los Estados miembros “de forma inmediata”, este tributo “ayudaría a evitar las medidas unilaterales de imposición de las actividades digitales en determinados Estados miembros, que podrían dar lugar a una multiplicidad de respuestas nacionales perjudicial para el mercado único”.
En concreto, según ha explicado este jueves la Comisión Europea, se gravarían los ingresos generados por la venta de espacios publicitarios ‘online’, los facturados a partir de las actividades de intermediarios digitales que permitan a los usuarios interactuar con otros usuarios y que puedan facilitar la venta de bienes y servicios entre ellos (es decir, las actividades de la llamada ‘economía colaborativa’) y los ingresos generados a partir de la venta de datos obtenidos de información aportada por el usuario.
Los ingresos fiscales serían recaudados por los Estados miembros en los que se encontrasen los usuarios, es decir, donde las compañías realizan las ventas, y no únicamente donde está ubicada su sede. Este impuesto se aplicará solamente “a las empresas con un total anual de ingresos de 750 millones de euros a nivel mundial y de 50 millones de euros en la UE”, apunta Bruselas en un comunicado, por lo que las pequeñas empresas emergentes y en expansión quedarían “exentas de esta carga”.
El organismo habla de un tipo de gravamen del 3% que generaría a los Estados miembros unos ingresos fiscales por valor de 5.000 millones de euros anuales, según sus cálculos.
La Comisión Europea deja claro que este cargo sería una “medida provisional hasta que se haya aplicado la reforma integra”. Esta “reforma común de las normas de la UE relativas al impuesto sobre sociedades para las actividades digitales” tiene como objetivo permitir a los Estados miembros gravar los beneficios que se generen en su territorio, aunque una empresa no tenga presencia física el país.
“Se considerará que una plataforma digital tiene una ‘presencia digital’ gravable o un establecimiento permanente virtual en un Estado miembro si cumple uno de los siguientes criterios: supera el umbral de 7 millones de euros de ingresos anuales en un Estado miembro; tiene más de 100.000 usuarios en un Estado miembro durante un ejercicio fiscal; o en un ejercicio fiscal se generan más de 3.000 contratos de servicios digitales entre la sociedad y los usuarios”, explican desde Bruselas.
Las dos propuestas legislativas “posibilitarán una fiscalidad más equitativa para las actividades digitales en la UE”, defiende el organismo, que reconoce que “la normativa fiscal actual no se concibió pensando en las empresas que operan a escala mundial, de forma virtual o que tienen escasa o nula presencia física” y es necesaria una reforma para adaptarse a la nueva realidad económica.
“Nuestra normativa pre-Internet no permite a los Estados miembros gravar a las empresas digitales que operan en Europa si tienen escasa o nula presencia física aquí. Esto representa un agujero negro en constante expansión para los Estados miembros, ya que ven socavada su base imponible. Por esa razón proponemos una nueva normativa así como un impuesto provisional para las actividades digitales”, ha declarado al respecto Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, que ha presentado este jueves las propuestas.
Ahora, estas propuestas legislativas se presentarán al Consejo Europeo para su aprobación y al Parlamento Europeo para consulta.
