Xnet, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) e IDHC han llevado este martes al proyecto Castor ante la Audiencia Nacional. Estas plataformas ciudadanos han presentado una querella criminal contra el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, así como contra los ex ministros de Industria Miguel Sebastián y José Manuel Soria y la titular de Fomento de 2004 a 2009 Magdalena Álvarez.
Estos colectivos acusan a todos ellos de los posibles delitos de prevaricación, estafa, fraude a la administración pública y malversación de causales públicos por “responsabilidades” en este proyecto.
La querella de las mencionadas plataformas ciudadanas también va contra el exministro de Industria Joan Clos, la extitular de Medio Ambiente y Agricultura Elena Espinosa, el presidente de la mercantil Escal UGS SL Recaredo del Potro, el ex secretario general de Energía de Industria Ignasi Nieto y el ex consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana Juan Gabriel Cotino.
Con esta acción se busca no pagar la indemnización por el cierre del almacén de gas y que el coste del desmantelamiento de la plataforma salga del bolsillo de las empresas “responsables de su fracaso”. Asimismo, quieren “denunciar una vez más la connivencia de los gobiernos con operaciones destructivas para el bienestar de la población en el marco de un contexto de corrupción sistémica y sistemática”.
Otro de sus objetivos pasa por poner de relieve la ‘burbuja del gas’, “que ha convertido el sistema gasista en deficitario por la construcción de infraestructuras que han quedado en desuso o con una utilización muy por debajo de lo esperado” y criticar “la promoción del gas a través de la justificación geopolítica de la dependencia de Rusia”.
Estos colectivos piden colaboración ciudadana “para hacernos llegar información sensible que hasta ahora no haya visto la luz”. Para ello han habilitado un ‘Buzón anónimo’ para recibir dicha información “con todas las garantía para las fuentes”.
Entre las “anomalías” que han detectado se encuentra, según relatan en un comunicado, que “la constructora es también concesionaria y no tiene apenas competidores”; “el contrato incluye una cláusula que admite dolo o negligencia”; la “modificación de los lindes del mar ad hoc”; así como “varias anomalías en los informes de impacto ambiental y sísmico”; entre otras cosas.
El coste de la indemnización del Castor para el bolsillo de los consumidores
El año pasado, los consumidores de gas pagaron a través de su recibo un total de 60,498 millones de euros a los titulares de los derechos de cobro de la indemnización por el cierre del almacén da gas Castor, Banco Santander, Bankia y CaixaBank. La cuantía, según señaló EL BOLETÍN hace unos días, se redujo respecto a los más de 80 millones abonados en 2016, pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador del mercado gasista, decidió paralizar el pago a la banca tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la compensación.
Así lo reflejaba el informe sobre los resultados de la liquidación del sector del gas natural correspondiente al pasado mes de diciembre que acaba de publicar el citado organismo. Según explica el documento, tras reingresar al sistema gasista las cantidades previstas en la liquidación 10/2017 para hacer frente al pago mensual a los titulares de los derechos de la compensación por Castor (6,7 millones de euros que se iban a abonar el 25 de enero de 2018), “la cantidad total pagada en el ejercicio 2017 por este concepto es de 60,5 millones de euros”.
El Gobierno de Mariano Rajoy fijó en 2014 el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS (participada en un 66,7% por ACS), la concesionaria del proyecto, por la clausura del almacén y el grupo que preside Florentino Pérez recibió entonces el importe. Un año después, Santander, Bankia y CaixaBank adquirieron al operador del mercado del gas, Enagás, los derecho de cobro de la compensación, a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. El pago de estos derechos se cargó a los consumidores en el recibo del gas.
A finales del pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró “nulos e inconstitucionales” algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que reconocía la indemnización de 1.350 millones de euros, pues entendía que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”. La CNMC decidió posteriormente paralizar el pago a las entidades.
