Las Cortes valencianas, a excepción del PP, han pedido este jueves a Francisco Camps que dimita como Consejero Nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de las Cortes de Valencia. Un cargo que ostentará hasta 2026 y por el que cobra 58.000 euros brutos anuales. El PP rechaza la proposición planteada por Compromís e incluso la tilda de franquista.
En un giro de guion inesperado, el Partido Popular de Valencia acusa a Compromís, Podemos, PSOE y Ciudadanos de estar llevando a cabo actitudes franquistas en las Cortes Valencianas.
“Las Cortes no pueden convertirse en un tribunal de honor que enjuicie la dignidad de las personas. No se puede hacer del Parlamento Valenciano un tribunal de honor franquista. Vivimos en democracia”, ha asegurado la diputada popular, María José Catalá.
Las Cortes han aprobado con mayoría aplastante la Proposición No de Ley de Compromís que pide al señor Camps la dimisión de su cargo en el Consell Jurídic. Una propuesta no vinculante que une al PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos.
Francisco Camps ya ha adelantado que no piensa dimitir del cargo que le otorga más de 55.000 euros al año, un coche oficial (con chófer) permanente y una secretaría personal a su disposición. Eso es lo que recibe Francisco Camps a cambio de ser Consejero Nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC), un órgano encargado de emitir dictámenes sobre los asuntos que le sometan a consulta el Presidente de la Generalitat, su Gobierno o los Consellers que lo integran.
Según el PP, “si el resto de grupos quiere cambiar la Ley del CJC se puede hacer con una reforma. Pero no quieren porque les preocupa el futuro de Ximo Puig, que está pensando en ese destino desde el mismo momento que llegó a la Generalitat”.
Además, los populares han pedido a todas las formaciones que respeten “la presunción de inocencia”.
