El Canal de Isabel II saca a concurso la auditoría externa de sus cuentas cinco años después de hacerlo por última vez. El organismo público lleva 10 años siendo escrutado por la compañía KPMG, que en ese tiempo ha recibido críticas por no haber sido capaz de detectar las operaciones presuntamente ilegales que se han llevado a cabo en el Canal mientras ella se encargaba de las auditorías.
El Boletín Oficial del Estado de este sábado 13 de enero anunció la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo a la licitación del contrato para los servicios de auditoría externa de las cuentas anuales de Canal de Isabel II, S.A. y sociedades dependientes para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Un contrato público valorado en 2,4 millones de euros y que puede prorrogarse hasta 2022.
El Canal de Isabel II está en manos de la Comunidad de Madrid. Sin ir más lejos, su presidente, Ángel Garrido, es el Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de Cristina Cifuentes.
EY, PwC, Deloitte y la propia KPMG son las denominadas ‘Big Four’ y las principales favoritas a hacerse con el contrato de auditoría de este organismo público. De hecho, salvo EY, todas las demás han auditado las cuentas del Canal en algún momento en las últimas décadas. Deloitte hasta el 2002, PwC desde ese año hasta el 2007 y KPMG a partir del 2008.
En total, desde 2008, KPMG ha recibido cerca de 5 millones de euros en contratos públicos procedentes del Canal de Isabel II. Una relación laboral que ha despertado las sospechas de muchos miembros de la oposición en la Asamblea de Madrid.
Tal y como denunciaron hace unos meses varios representantes de Podemos en declaraciones a EL BOLETÍN, KPMG actuó simultáneamente como auditor y consultor, «algo incompatible con el código ético del auditor», según esas fuentes. Algo que no contradice la normativa de la UE, según destacaron desde KPMG a otros medios. En cualquier caso, los partidos de la oposición – PSOE, Podemos y Ciudadanos – cuestionaron que esta compañía no fuera capaz de detectar las operaciones presuntamente ilegales que se llevaron a cabo en el Canal durante los ejercicios de Ignacio González al frente de la Comunidad.
Unas sospechas que incrementaron en la oposición cuando destacaron la contratación (previa a la investidura de Ignacio González) del yerno del expresidente por esta compañía en una denuncia presentada ante la Fiscalía.
