La crisis financiera mundial, agravada en España por el estallido de la burbuja inmobiliaria, conllevó un profundo proceso de reestructuración y concentración del sector bancario español. Si en 2008 había 188 entidades -entre bancos, cajas y cooperativas-, para el cierre de 2016 la cifra se había reducido en un 44% hasta las 105. La transformación fue especialmente profunda en las antiguas cajas de ahorros, las que soportaron lo peor de la crisis, convertidas ahora en bancos con las excepciones de Caixa Pollença y Caixa Ontinyent.
Sin embargo, en los corrillos financieros ya desde hace tiempo se daba por hecho que este proceso de concentración no estaba ni mucho menos cerca de terminar, con la vista puesta en un horizonte de unos pocos bancos operando en España. Lo que no era tan previsible era que uno de los grandes del sector, Banco Popular, despareciese de la noche a la mañana del mapa.
El Popular arrastraba problemas ya desde hacía un tiempo, con dos ampliaciones de capital millonarias (algo más de 5.000 millones de euros) que apenas sirvieron para tapar el agujero causado por el ladrillo, pero pocos esperaban un final tan abrupto cuando la ‘rebelión’ de un grupo de accionistas obligó a Ángel Ron a abandonar la presidencia del banco, que ostentaba desde 2007 (entonces el Popular valía en Bolsa 20.000 millones de euros).
En febrero de este mismo año era sustituido formalmente por Emilio Saracho, que en su primera intervención pública en la junta de accionistas anunciaba las dos únicas opciones que el Popular tenía sobre la mesa: una nueva ampliación de capital o una venta a otro banco. Sin embargo, no hubo tiempo para llevar a cabo estos planes. Aunque se rumoreó el interés de algún gran banco para una fusión y el equipo directivo negociaba con bancos de inversión para realizar una nueva ampliación de capital, el rápido correr de los acontecimientos acabó desembocando en la resolución de la entidad.
Las acciones del Popular llevaban semanas en caída libre -agravada por la reformulación de las cuentas de 2016-, al tiempo que las agencias de rating bajaban sus notas al Popular y los depositantes huían despavoridos. A principios de junio el Banco Central Europeo (BCE) certificaba que el Popular era inviable, y la Junta Única de Resolución (SRB por sus siglas en inglés) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tomaban cartas en el asunto. Una vez llegados a este punto, los protocolos de actuación obligaban a que la siguiente vez que el Popular abriese sus oficinas ya tuviese un nuevo dueño, bien otro banco o bien el Estado mismo.
Finalmente el que se llevó el gato al agua fue el Santander, que presentó una oferta por un precio simbólico de un euro, aunque se vio obligado a realizar una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para sanear el ladrillo del Popular. Accionistas y tenedores de deuda subordinada y CoCos del Popular perdieron toda su inversión en el ‘bail in’ del que sí se salvaron bonistas senior y, sobre todo, los depositantes.
En lo que respecta al Santander, está previsto que la operación genere un retorno sobre la inversión de entre el 13% y el 14% en 2020 y un aumento del beneficio por acción en 2019. Se espera asimismo que la entidad aumente su rentabilidad y genere sinergias de costes cercanas a los 500 millones de euros anuales a partir de 2020, con ratios de eficiencia entre los mejores del sector en España y Portugal, y un mayor potencial de crecimiento de ingresos.
“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios”. Esta conocida cita de Charles Darwin, que el expresidente del Popular Ángel Ron incluyó en la carta a los accionistas que aparece en el Informe Anual de 2016, acabó siendo profética para un banco que no fue capaz de digerir la exposición al ladrillo que acumuló durante los años de la burbuja.
Todos los ojos se fijan ahora en Liberbank, banco que sufrió en sus carnes la crisis del Popular, hasta el punto de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se vio obligada a prohibir las ventas a corto en la entidad ante el ataque especulativo sufrido en Bolsa. Por el momento, ha alejado las dudas mediante una ampliación de capital de 500 millones de euros, pero aun así son muchos en el mercado que dan por hecho que entrará en un nuevo baile de fusiones.
El Gobierno fusiona Bankia y BMN
La otra gran operación de 2017 ha sido la fusión entre Bankia y BMN, las dos entidades controladas por el Estado, después de que el Gobierno decidiese que era la mejor opción para recuperar lo máximo posible de las ayudas públicas. La operación fue aprobada por los consejos de administración apenas unas semanas después de la resolución del Popular y refrendada por las respectivas juntas de accionistas a mediados de septiembre.
Bankia prevé un crecimiento del beneficio por acción del 16% y un retorno de la inversión (ROIC) del 12% en el tercer año de la integración con BMN, así como unas sinergias de 155 millones, también a partir del tercer año, equivalentes al 40% de la actual base de costes de BMN, si bien se espera conseguir ya en el segundo año la práctica totalidad de ellas, 149 millones de euros.
El calendario que maneja Bankia es que la transacción se cierre en el mes de diciembre, una vez obtenidas las aprobaciones necesarias, momento en el que comenzará el proceso de integración de los dos bancos. Dentro de este proceso, la previsión de Bankia es culminar la integración de sistemas en el segundo trimestre del próximo ejercicio 2018.
