Su tumultuosa relación con los sindicatos ha provocado que la visita a los juzgados se haya convertido ya en una desagradable costumbre para Liberbank. Desde su fundación en 2011 la entidad surgida de la fusión de Cajastur (CCM), Caja Cantabria y Caja Extremadura se ha convertido con diferencia en el banco más conflictivo desde el punto de vista colectivo entre el sector que componen las antiguas cajas de ahorros.
Tal y como destaca el sindicato CSICA (actualmente Sibank) en una circular, en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se tramitan todos los asuntos que tienen carácter de conflicto colectivo y exceden del ámbito territorial de una comunidad autónoma. En ese sentido, si se analizan las visitas a esta Sala en los últimos seis años y medio, Liberbank no es sólo el banco más ‘conflictivo’ de todos, sino que con 23 pronunciamientos de la Sala abarca más del 40% del total (57).
Además, es el único que desde el año 2011, fecha de su creación, ha tenido litigios todos los años en la Audiencia Nacional, sin fallar ninguno de ellos.
“Si calculáramos los porcentajes en función del número de trabajadores, el resultado sería escandaloso”, señala CSICA, que destaca que el banco de mayor tamaño de todos los analizados, CaixaBank, tan sólo ha tenido seis asuntos en siete años con una plantilla que “más que sextuplica” a la de Liberbank, “lo que da idea de que en los demás bancos existen directivos de recursos humanos que saben lo que son las relaciones laborales y negocian antes de llegar a los tribunales”.
“El nuestro prefiere las togas y por eso acaba de perder un pleito de 70 millones de euros por demanda de CSICA”, destaca la formación en referencia a la decisión del Tribunal Supremo sobre el ERE de 2013.
El banco tendrá que volver a visitar previsiblemente la Audiencia Nacional, ya que este mismo sindicato ha denunciado el nuevo ERE acordado este año. Además, CCOO, una de las formaciones que sí firmaron este ajuste, ha presentado su propia demanda al entender que el banco ha presionado a las personas que ocupan cargos ‘directivos’ para que fingieran acogerse voluntariamente a las reducciones salariales acordadas.
