OHL e Indra se hunden en Bolsa mientras la Guardia Civil registra sus sedes en Madrid

Operación Lezo

OHL e Indra se hunden en Bolsa mientras la Guardia Civil registra sus sedes en Madrid

La concesionaria niega “cualquier pago ilegal” a ninguna institución pública o privada como sugieren las pesquisas judiciales.

Trabajdor de OHL

La sombra de la corrupción vuelve a salpicar OHL y se lleva por delante casi un 10% de su valor en Bolsa. La concesionaria sufrió el varapalo más abultado de todo el Mercado Continuo mientras la Guardia Civil registraba su sede social en búsqueda de evidencias que demuestren pagos irregulares a antiguos altos cargos del Gobierno la Comunidad de Madrid. Indra sufre también con caídas del 2,2% al cierre del mercado.

Desde OHL se confirma el registro por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde primera hora de la mañana, tal y como se había avanzado que podría ocurrir ya en la jornada de ayer miércoles. Sin embargo, fuentes de la compañía niegan “cualquier pago ilegal” a ninguna institución pública o privada, tal y como señalan las pesquisas decretadas en el marco de la ‘operación Lezo’.

El mensaje de tranquilidad lanzado por la compañía, que coindice con el que ya realizó el pasado mes de febrero, cuando fue señalada en otro caso de corrupción en instancias públicas de la Comunidad de Madrid, no logra aplacar los ánimos inversores. Sus acciones pierden de un plumazo 0,67 euros, al hundirse incluso por debajo de los 4,00 euros por acción.

La compañía ha asegurado estar colaborando estrechamente para el esclarecimiento del caso judicial que investiga comisiones irregulares en la gestión del Canal de Isabel II en los tiempos en los que Ignacio González ejerció la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid por herencia de Esperanza Aguirre, retirada entonces por problemas de salud. Las pesquisas se han ejecutado por orden del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional.

Este magistrado es el mismo que en febrero de 2016 ya envió a agentes de investigación a la sede de OHL para escudriñar los posibles vínculos de la compañía con la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. Entonces, el registro se limitó al despacho de Javier López Madrid, consejero de la compañía, pero no miembro de su dirección ejecutiva, y yerno del entonces presidente de la concesionaria, Juan Miguel Villar Mir, que el pasado verano cedió el testigo a su vástago Juan Villar Mir de Fuentes.

Protestas contra el ERE de OHL

Mientras los agentes han registrado las oficinas de OHL en la Torre Espacio del madrileño Paseo de la Castellana, los trabajadores de la compañía han salido a la calle para manifestarse contra los despidos que se plantean en las divisiones de construcción e industrial del grupo.

Los empleados han aireado pancartas con consignas y proclamado eslóganes contra el recorte de plantilla de 554 efectivos que la dirección planea llevar a cabo y también criticando las muchas sospechas de corrupción que en los últimos tiempos han salpicado a la sociedad tanto en Madrid, como en Mallorca e incluso en México y otros de sus mercados internacionales.

El desplome se extiende hasta Indra

Si bien a primera hora Indra lograba esquivar el fuerte descalabro que se apuntaba la otra investigada en el marco de la ‘operación Lezo’, el rojo se ha vuelto bien intenso al ecuador de la sesión negociadora. Las acciones de la compañía tecnológica han llegado a ceder más de un 5,9% de su valor, si bien finalmente se ha dejado un 2,2%. Un retroceso que en porcentaje es más moderado que el de OHL, tres veces superior, pero que en términos de efectivo supone un mayor castigo, al restar de cada título hasta 0,73 euros en los cruces más bajistas.

A esta compañía se le atribuye mediación para haber mejorado la reputación digital del expresidente madrileño Ignacio González, tal y como ya se venía investigando en la conocida como trama Púnica. En cualquier caso, las actuales pesquisas están bajo secreto de sumario y no se conocen ni las acusaciones ni los indicios existentes en cada caso. Entre los accionistas de Indra destaca el propio Estado español, que es titular de un 20,14% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tomó este paquete de Bankia.

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