Los análisis clínicos seguirán en manos privadas: Cifuentes prorroga su externalización dos años más

La Comunidad de Madrid decide prorrogar dos años más la gestión externalizada del Laboratorio Clínico Central destinando otros 38,5 millones de euros. El 15 de marzo de 2015, el equipo de Cristina Cifuentes lanzaba su nuevo perfil en Twitter (hoy transformado en @cifupresidenta) para las elecciones autonómicas: @CCifuentes2015. Sólo 24 horas después, la popular lanzaba su decálogo de ‘Mis 10 compromisos básicos para Madrid’. Y entre una de esas promesas se encontraba la defensa de una “Sanidad pública universal, gratuita, accesible y de la máxima calidad” en la que no haya “ni privatizaciones ni externalizaciones”.
 
Año y medio después de dicha promesa electoral, la afirmación de no acometer “privatizaciones ni externalizaciones” se ha ido cayendo por el camino. Después de intentar privatizar la gestión de la salud mental del Hospital del Tajo y de sacar a concurso la gestión de la central térmica del Hospital 12 de Octubre, el Gobierno de Cifuentes ha seguido una línea: no revertir las externalizaciones que heredó de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, sino todo lo contrario.
 
Si la semana pasada el Ejecutivo regional desoía la proposición no de ley que aprobó la Asamblea de Madrid de reintegrar en el SERMAS el servicio de ‘call center’ de citas sanitarias, esta semana ha anunciado un nuevo empuje a una gestión que en los últimos años ha estado en manos privadas. Se trata de los trabajos que se realizan en el Laboratorio Clínico Central.
 
La Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar “por dos años” (hasta a finales de 2018) la gestión del Laboratorio Clínico Central que actualmente capitanean dos empresas privadas: Ribera Salud y Unilabs. Un anuncio que el Gobierno popular ha acompañado con una partida presupuestaria de 37,79 millones de euros, para atender a las necesidades de “un servicio público que atiende las pruebas clínicas generadas por los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste de Arganda del Rey, Henares y Tajo” y que atiende también las muestras recogidas en atención primaria, es decir, en todos los centros de salud de la zona de influencia de los hospitales.
 
Una externalización llena de polémica
 
Con esta prórroga que ha decidido la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la gestión de los análisis clínicos cumplirá una década en manos privadas y donde la polémica ha acompañado gran parte de este recorrido. En julio de 2008, el consejero de Sanidad Juan José Güemes decidió privatizar los laboratorios clínicos que atendían (y atienden) a 1,2 millones de madrileños. Un concurso para ocho años -y con posibilidad de una prórroga de dos más a la que se acoge Cifuentes- que ya en su adjudicación sembró dudas: contaba con un presupuesto base de licitación de 173 millones de euros y finalmente se adjudicó a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Ribera Salud (la cual, según ha publicado El Español, recibe una prima por cada posible paciente entre la población protegida, valorada en 124,8 millones de euros), Balagué Center y AMS por 125 millones de euros (lo que supuso una rebaja del 27,7%).
 
Una privatización que levantó críticas desde las organizaciones sindicales: CC OO, UGT y CSIT-UP denunciaron en un comunicado conjunto, como recogió El País, “la privatización de un servicio clave como es el de los análisis clínicos”. De hecho, desde la Asociación de Profesionales de Laboratorio Públicos no lograban entender esta decisión: “Los laboratorios públicos actuales ya tienen una calidad excelente probada durante años. Una empresa introduce el ánimo de lucro”.
 
Años después de la adjudicación, el centro volvió a la escena mediática tras una información que publicó la Cadena SER a raíz de un cambio de fichas en las empresas que gestionarían el servicio. Todo comenzó en noviembre de 2012 cuando Unilabs compró por cinco millones a Balagué Center y AMS –presentes en la UTE junto a Ribera Salud- su presencia en la gestión (a pesar de que Unilabs fue una de las compañías perdedoras en la licitación apenas unos años atrás). Una compra que la sociedad realizó mientras mantenía en su consejo de administración a un personaje reconocido para los madrileños: Juan José Güemes.
 
En verano de 2012, el consejero de Sanidad que privatizó los análisis clínicos fichó por Unilabs. Una noticia que no saltó a los medios hasta enero de 2013 cuando la Cadena SER se hizo eco de la coincidencia: el mismo político que externalizó un servicio se sentaba en los despachos de la nueva empresa que gestionaba dicho trabajo. A los pocos días de publicar la información, el exconsejero de Aguirre presentó su dimisión como alto cargo de la compañía.
 
“Creo haber obrado no solo respetando estrictamente la legalidad vigente sino también desde el punto de vista ético y, como dicen algunos, estético”, subrayó Güemes como explicación. A su vez, el expopular quiso recalcar que “no ha existido, ni se puede interpretar bajo ningún concepto, que haya habido un trato de favor con Unilabs”, tras incidir en que “nunca ha contratado nada con la Consejería de Sanidad”.
 
Desde esa dimisión hasta esta prórroga los protagonistas no han cambiado. Pero si desde que se anunció la privatización ya hubo críticas como la de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid que calificó el movimiento de “auténtica expoliación del dinero y los recursos públicos sufragados por todos los madrileños” o las dudas de la Asociación de Profesionales de Laboratorio Públicos por la eficacia del servicio al preguntarse “¿Cómo se van a agilizar los tiempos de respuesta si pinchan a alguien en el hospital de Arganda y la muestra tiene que viajar 60 kilómetros hasta el del Norte?”, los problemas, ya bien entrada la empresa privada en la gestión, no han faltado.
 
En 2013, Ignacio González, por aquel entonces presidente de la Comunidad de Madrid, decidió perdonar una multa de 90.000 euros a las empresas que gestionan estos análisis clínicos privatizados por Güemes. La sanción que dictaba el pliego de condiciones era clara: se multaría a las adjudicatarias si no respetaban los plazos de entrega de los análisis. Y motivos para aplicarla no faltaron al ver que el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía recibió, durante los cuatro primeros años de la privatización, numerosas quejas de los médicos por demorarse con los resultados o por hacer pruebas no solicitadas.
 
Con esta prórroga y sumada a la inyección presupuestaria que destinó el Ejecutivo regional la semana pasada al Centro de Atención Personalizada, Mónica García, portavoz de Podemos en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, en declaraciones a ElBoletín.com, ve en Cifuentes “básicamente más de lo mismo en la política externalizadora”. “Ellos podrían anular el contrato, pero están manteniendo un servicio privatizado. Y ha habido quejas sobre la rapidez, no es lo mismo tener un laboratorio en tu centro que tener que llevarlo fuera. No se ha demostrado que sea eficiente”, ha criticado la diputada de la formación morada.