El máximo responsable de la planta considera que la confusión entre volumen y caudal de inyección del Instituto Geológico y Minero (IGME) deja en “entredicho” toda su labor. El almacén de gas submarino Castor nunca detuvo sus operaciones por mandato del Gobierno ni de ninguna otra administración del Estado ni tan siquiera después de los seísmos más violentos. Así lo ha afirmado este lunes el presidente de la sociedad concesionaria del proyecto ante el juez que investiga posibles delitos medioambientales, al que ha afirmado que nunca se recibió instrucción alguna.
Al registrarse los primeros sismos, la propia concesionaria habría informado al Ministerio de Industria y a la Red Nacional de Alerta Sísmica, que sin embargo no habrían emitido ninguna instrucción al respecto. Así lo ha relatado el presidente de Escal UGS, sociedad cuyo principal accionista es la constructora ACS de Florentino Pérez, en el juzgado de Instrucción número 4 de la localidad castellonense donde más se dejaron sentir los temblores de tierra.
El abogado de la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce la acusación particular, ha sido quien ha relatado a la prensa la declaración del directivo a la salida de su comparecencia ante el juez, según recoge Europa Press. Es así que el fin de la inyección de gas en el depósito de la planta habría finalizado el 16 de septiembre de de 2013 no por una decisión “voluntaria” y menos aún por exigencia de ninguna instancia pública, sino porque para esa fecha “se acabó el gas” y esa parte del proyecto se dio por finalizada.
Más aún, Recaredo del Potro, que es el nombre del máximo responsable de Escal USG, habría explicado que ni siquiera las recomendaciones del Observatorio del Ebro habrían sido efectivas. En este sentido, si bien esta institución invitó a la empresa a valorar la conveniencia de reducir el caudal de inyección a límites inferiores a aquellos aplicados en los momentos de los seísmos, el directivo ha señalado hoy que se “redujo el caudal incluso antes” de que llegase el informe referido.
En este punto, Del Potro critica que el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) que apunta lo contrario es incierto, puesto que “se confunde caudal con volumen de inyección”, según ha relatado el letrado de Arca Ibérica. Con este argumento se ha atrevido a poner en “entredicho” toda la labor del IGME al defender que los datos que extrajeron en sus análisis son “interpretables” y que la falla Amposta próxima a la estructura “no es susceptible de generar ningún tipo de riesgo” ni por dimensiones ni por velocidad de desplazamiento.
