Vetar a Huawei de las redes 5G tendrá un coste muy elevado para los países europeos y lastrará la recuperación de las economías tras la pandemia. Así lo asegura un informe elaborado por Oxford Economics que se conoce en un momento en que EEUU presiona a sus socios del Viejo Continente para que corten lazos con el fabricante chino, al que considera un riesgo para la seguridad nacional. Solo en el caso de España, cinco millones de personas se quedarían sin 5G al tiempo que se causaría un daño de de 3.700 millones de euros en los próximos 15 años.
“Nuestro modelo sugiere que restringir un proveedor clave de las infraestructura 5G en nuestros 31 países europeos aumentaría los costes totales de inversión en 5G en casi 3.000 millones de euros por año de media durante la próxima década”, señalan los autores del informe. Además, “una demora en el lanzamiento del 5G también daría como resultado una innovación tecnológica más lenta y un crecimiento económico reducido”. “El PIB total perdido para 2035 en los 31 países de nuestro estudio se estima en 40.000 millones de euros a precios de 2020.
Al interpretar estos resultados, “es importante tener en cuenta que no hemos tenido en cuenta los costos que enfrentarían los operadores de red si tuvieran que reemplazar el equipo existente construido por el proveedor restringido”, avisan los autores. “Dichos costes adicionales retrasarían aún más el despliegue y la innovación tecnológica, resultando en mayores pérdidas de productividad”.
Costes para España
En el caso de España, Oxford recuerda que las medidas de confinamiento han provocado una fuerte caída del PIB, pero que también se espera “que la economía se recupere fuertemente una vez que la amenaza de la pandemia retroceda”. En ese contexto de recesión y recuperación posterior, “un mercado competitivo para la infraestructura 5G ayudaría a maximizar las ganancias de la innovación tecnológica y el crecimiento en España. Los servicios 5G y las actividades asociadas estimularán la actividad económica por valor de 14.600 millones de euros en PIB y respaldarán alrededor de 329.400 empleos en España”.
Por otro lado, “restringir la competencia puede tener importantes impactos económicos adversos”, advierten los autores. “Nuestro modelo sugiere que restringir a un participante importante podría aumentar el coste de construir la red 5G en 292 millones de euros al año durante la próxima década (19% de los costes de referencia) en nuestro escenario central”. Asimismo, “debido a estos aumentos de precios, 5 millones de personas (11% de la población) que de otro modo habrían tenido acceso a la red 5G podrían quedarse sin acceso a una red 5G en 2023”. “La restricción de la competencia en el mercado de infraestructura de red puede reducir significativamente el crecimiento económico en España durante los próximos 15 años. Estimamos que esto podría reducir el PIB para 2035 en 3.700 millones de euros”.
Los 3.700 millones suponen el escenario central en un rango que va de los 1.200 a los 8.100 millones de euros durante los próximos 15 años, según Oxford Economics, que avisa de que “los operadores también pueden tener que incurrir en gastos de inversión adicionales para reemplazar el equipo de red existente construido por el operador restringido. Esto podría retrasar aún más la implementación y la innovación tecnológica, lo que podría dar lugar a mayores pérdidas del PIB”.
España sigue trabajando con Huawei
Por el momento, el Gobierno español no ha seguido los pasos de Francia o Reino Unido para restringir el acceso de Huawei a sus redes 5G. En declaraciones a ABC, fuentes de la compañía china han asegurado que España contará con un papel importante en el despliegue de la tecnología 5G y que no se han producido cambios en sus inversiones en el país como consecuencia del conflicto comercial. “Tenemos la voluntad de seguir con la digitalización en España”, insisten estas fuentes.
Recientemente, el Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), certificó que la tecnología 5G de Huawei cumple las garantías de seguridad de la normativa.
