BBVA colocó ayer en el mercado 1.000 millones de euros en un bono contingente convertible en acciones (CoCos o AT1) con un interés de partida del 6,5%, en el que se convertía en el primer instrumento ‘verde’ de estas características que emite una entidad financiera. La operación ha levantado dudas no obstante en el mercado sobre qué uso sostenible se le dará a ese dinero.
El banco que preside Carlos Torres explicó que el CoCo está destinado a financiar una cartera de “activos verdes elegibles” de 2.900 millones de euros, publica Financial Times, lo que se raduciría en la primera emisión ‘verde’ de este tipo que realiza un banco internacional. Sin embargo, parte del dinero “podría usarse” para pagar un bono AT1 existente el próximo año.
“Esto causa cierta confusión”, señala al diario británico Charlene Malik, gerente de cartera de TwentyFour Asset Management en Londres. La “falta de auditoría o supervisión independiente” del uso de los ingresos de los bonos verdes ha sido un problema durante años, si bien ha reconocido que en este caso el banco español se ha comprometido a realizar un informe anual sobre los bonos.
Un portavoz de BBVA ha señalado a Financial Times que el dinero recaudado se usaría para “refinanciar proyectos [anteriores], o podemos financiar otros nuevos”.
Filippo Alloatti, analista de crédito senior de Hermes Investment Management, considera que BBVA había “definido libremente” las credenciales ecológicas del bono. A su juicio, a pesar de un mercado en auge para los bonos sostenibles en los últimos años, los inversores aún no tienen la capacidad de investigar dónde se gasta el dinero.
Jérôme Legras, jefe de investigación de Axiom Alternative Investments, apunta la opción de que el banco está sacando provecho de las pautas para el mercado de bonos verdes, que se centran “en el uso de las ganancias, no en el uso de capital”, en referencia a los requisitos reglamentarios que permiten a un banco originar más préstamos que la cantidad de capital recaudado.
Las preocupaciones sobre el ‘greenwashing’ (o ‘lavado verde’ en español) han afectado al sector de los bonos sostenibles desde su inicio, y los administradores de fondos temen que las empresas interesadas en capitalizar la creciente demanda de activos respetuosos con el medio ambiente estén poniendo la etiqueta en las inversiones que pueden no resistir el escrutinio.
