Hernández de Cos pide «consenso» político y social para acometer reformas duraderas

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Hernández de Cos pide «consenso» político y social para acometer reformas duraderas

El Banco de España pide diseñar un plan de consolidación fiscal "profundo" para dar "mucha credibilidad" a la política económica a inversores extranjeros.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, durante su intervención en la jornada de inauguración del Curso de Economía organizado por APIE en la UIMP

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido este miércoles «consenso» político y social para identificar los problemas e implementar reformas estructurales duraderas, al tiempo que ve «insoslayable» la necesidad de reducir el déficit y la deuda, por lo que pide un plan de consolidación fiscal a medio plazo teniendo claro que las «dos opciones» son reducir el gasto o aumentar los ingresos.

Durante la ponencia ‘El impacto del Covid-19 en la economía española’, en el marco de las sesiones ‘Líderes en directo’, organizadas por el Consejo General de Economistas, en la que ha remarcado la «urgencia» de una estrategia «ambiciosa» que responda a la magnitud de los retos y del «consenso político» y social, ya que sin él a posteriori se modifican las reformas, algo que «no necesita el país».

Hernández de Cos ha emplazado a diseñar y acometer con prontitud un plan de consolidación fiscal «profundo» para dar «mucha credibilidad» a la política económica a inversores extranjeros, ya que «se eliminaría la preocupación que puedan tener de forma anticipada», aunque insta a implementarlo a medio plazo, una vez que se produzca la recuperación, con el fin de reducir el déficit y la deuda pública y ganar margen de maniobra fiscal, al ser el «único instrumento» con el que responder a shocks de carácter asimétrico.

En este sentido, ha hecho hincapié en la reducción del déficit es «insoslayable» y para conseguirlo «solo hay dos opciones», que pasa por la reducción de gasto, el aumento de ingresos o un aumento de ambos, si bien ha rehusado pronunciarse sobre qué posibles impuestos deberían subirse.

«Sobre la composición de ese ajuste futuro el Banco de España no se pronuncia, hay un componente ideológico muy alto y es una discusión a la que el Banco de España no puede entrar», ha dicho al respecto, si bien ha recordado que aunque hay países con un mismo nivel de desarrollo y protección, se detectan diferencias impositivas de «más de 20 o 30 puntos de PIB».

En cualquier caso, ha demandado «eficiencia» en el gasto público, de forma que haya una «utilización de los menos recursos posibles para lograr los objetivos», para lo que ha valorado el programa de evaluación del gasto de la AIReF.

En este sentido, ha recordado que la Autoridad Fiscal ha evaluado ya el gasto público en subvenciones y el farmacéutico, por lo que ha pedido que se apliquen las recomendaciones para conseguir ese gasto eficiente.

De esta forma se ha pronunciado al ser preguntado sobre las posibles subidas de impuestos para sufragar las pensiones, un asunto que cree que hay que enmarcar dentro del programa de consolidación fiscal y sobre la que ha apuntado que la tasa de dependencia se va a duplicar y en los próximos 25 años aumentará en 25 puntos, hasta el 56,1%, por la baja natalidad y la elevada esperanza de vida.

A este respecto, ve preciso diseñar mecanismos de ingresos que sean » suficientes» para pagar las pensiones y ha recordado que en otros países se han adoptado medidas como ligar la esperanza de vida a la pensión o la edad de jubilación, el llamado factor de sosteniblidad.

Con una previsión de caída del PIB de entre el 16% y el 22% en el segundo semestre y de entre el 9% y el 15% en el conjunto del año, y ha achacado el mayor impacto económico del coronavirus en España a la mayor incidencia de la enfermedad, al tejido productivo, dado el menor tamaño de las empresas y el alto peso de sectores especialmente afectados como el turismo, la temporalidad y el déficit estructural.

Por ello, ha pedido no retirar los estímulos con anticipación porque «puede ser un problema», tras considerar que la respuesta de política económica al Covid tiene «más claros que oscuros» a nivel monetaria, micro y macroprudencial y de forma «muy contundente» a nivel fiscal.

Ha valorado medidas de apoyo puestas en marcha como los ERTE y los avales públicos del ICO, que cree que podría estudiarse la ampliación en el segundo caso, tras haberse acometido ya en el caso de los expedientes, y ha pedido avanzar en la «flexibilidad laboral» de las empresas en paralelo a los «ajustes necesarios» con motivo de la crisis.

En materia laboral ha avisado de que la tasa de paro se elevará por encima del 17% y ha pronosticado que se producirá una pérdida de empleos «de forma estructural».

Asimismo, ha incidido en la necesidad e una mejora de la productividad y de abordar el problema de la elevada temporalidad». «Lo que no puede ser es que tengamos el problema de la temporalidad identificado durante décadas y no tomemos decisiones», ha afeado a los gobiernos.

Como propuestas laborales a medio plazo ha citado la ‘mochila austriaca’ o los contratos con costes de despido crecientes que «no s seguro que vayan a resolver el problema», pero cree que se pueden implementar y posteriormente evaluar las políticas, un aspecto en el que ha incidido especialmente.

Ante la posibilidad de «daños estructurales» en la economía, ha explicado que algunos pasarían por la afectación a la creación de nuevas empresas o la situación financiera de las compañías, para lo que pide mecanismos ágiles de reestructuración en la Ley de Insolvencia, entre otros.

A su juicio, la respuesta internacional ha sido «más débil» que en otras crisis por el contexto global de mayor proteccionismo, algo que no es «en absoluto positivo», ya que una acción más coordinada habría sido «mejor para todos».

Sobre el sector bancario ha apuntado que presenta una mejor situación que en la anterior crisis si bien ha apuntado que los supervisores deberán estar «muy atentos» a los efectos de eventuales escenarios negativos y estar dispuestos a actuar a nivel europeo, ya que «no se puede permitir que llegado el caso de un escenario negativo acabe generando problemas de fragmentación financiera».

«Hay que compartir el objetivo de que esta crisis no tenga un componente financiero en la visión de un endurecimiento de las condiciones de los créditos y la fragmentación financiera porque ese tipo de crisis son mucho más profundas y persistentes», ha avisado.

Aunque la tasa de morosidad podría superar la elasticidad calculada que apunta a que por cada caída de un punto del PIB la tasa sube un 0,7%, Hernández de Cos ha apuntado que esa elasticidad podría no producirse también y que, en cualquier caso, el crecimiento económico «significativo» previsto desde el tercer trimestre ayudará a paliar el alza de la tasa de morosidad los siguientes trimestres.

Por último, sobre el pronunciamiento del Constitucional alemán que opina que el programa de compras del BCE no es ilegal pero sí desproporcionado, ha respondido que «claramente no» afectará a la respuesta «contundente» de la institución monetaria ni condicionará sus decisiones futuras.

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