Más de 1.170 personas se han adherido al Manifiesto por una Recuperación Sostenible que la semana pasada firmaron 240 representantes de la política, la empresa, las finanzas y la sociedad civil y que fue remitido a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.
Los firmantes piden que las decisiones del Gobierno para salir de la crisis provocada por el COVID-19 sean «cuidadosamente valoradas» porque tendrán un «gran impacto» y unos efectos que perdurarán mucho en el tiempo, condicionando nuestra economía durante décadas.
En esta línea también agentes muy diversos han lanzado una iniciativa en Europa de agentes muy diversos. Se trata de la Green Recovery Alliance que defiende que las políticas de estímulos sean efectivas desde el punto de vista económico y social y, a la vez, estar alineadas con las políticas de sostenibilidad y biodiversidad, que son esenciales.
Esta iniciativa, basada en el Pacto Verde Europeo se basa en los pilares de la digitalización, la descarbonización y la resiliencia, desde la base de que «la competitividad y el medio ambiente van de la mano» y que si no hay sostenibilidad ambiental no hay sostenibilidad económica o social.
Los firmantes destacan las «condiciones ideales» de España para aprovechar las oportunidades que supone la estrategia de recuperación para generar economía y empleos: un enorme potencial de desarrollo de energías renovables, un capital natural único, una industria bien posicionada y una apuesta decidida por la eficiencia energética.
El jueves 21 de mayo se dio a conocer el Manifiesto con la firma de 240 representantes de distintos sectores sociales, económicos, culturales, asociativos, científicos, religiosos y profesionales. Desde los grandes CEOs del IBEX a pequeños empresarios, cooperativas y ONG.
El Manifiesto integra una importante diversidad geográfica con entidades y representantes institucionales de las distintas comunidades autónomas y ciudades. En este momento cuenta ya con más de 1.170 firmantes, que piden que estas cuestiones se tengan en cuenta en la Comisión ad hoc en el Congreso de los Diputados.
