La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan ha advertido de que las empresas que tienen la concesión de las autopistas de peaje en España, que suman unos 2.250 kilómetros de longitud, no descartan reclamar al Gobierno por el desplome de tráfico registrado por la crisis sanitaria, el estado de alarma y la consiguiente reconstrucción de la movilidad.
Durante un encuentro telemático de ‘Nueva Economía Forum’, el presidente de la patronal, Julián Núñez, ha señalado que dichas reclamaciones se formularán “en su momento, una vez los tráficos se vayan recuperando y se tenga una estimación del impacto real”. “No se puede reclamar ahora, porque aún no se sabe qué reclamar”, añadió.
Núñez remarcó que, en caso de que las concesionarias tengan derecho a un reequilibrio económico de sus contratos, “no supondría ni un sólo euro de recursos públicos”, dado que se puede ‘pagar’ aumentando el periodo de explotación de la vía.
El presidente de la patronal de grandes constructoras y concesionarias indicó que “ya habrá tiempo” de plantear al Gobierno posibles reclamaciones y “tratar sobre consideraciones jurídicas”, apuntó en relación al pronunciamiento de la Abogacía del Estado indicando que la crisis sanitaria no sería supuesto para reequilibrar cuentas de las concesiones de autopistas.
COBRAR PEAJE EN AUTOVÍAS
La patronal constructora insiste también en la necesidad de tarificar la red de carreteras que ya planteó a comienzos del pasado mes de marzo, en vísperas de la crisis. Ahora asegura que se pueden levantar fondos para su mantenimiento y que deje así de depender de las arcas públicas, ante el «mayor gasto social» derivado de la crisis.
Seopan propuso entonces poner un peaje por circular por toda la red de 14.130 kilómetros de autovías del país de una media de 0,09 euros por kilómetro recorrido para los coches y de 0,19 euros para los camiones.
Según detalló entonces, estas tasas permitirían, además de levantar un importe al adjudicar la concesión del sistema de peaje, recaudar 4.827 millones de euros anuales por tráfico y otros 4.698 millones en impuestos. Asimismo, el Estado se ahorraría los 825 millones que actualmente destina cada año a mantener las carreteras con cargo a las ‘arcas públicas’, según los cálculos de Seopan.
No se trata de la primera vez que las constructoras piden cobrar por circular por las autovías, una cuestión sobre la que el Gobierno ha mostrado su disposición a abrir un debate, en busca de consenso político y social, al considerar necesario “garantizar la sostenibilidad futura” de estas infraestructuras.
El debate sobre el peaje de las autovías y las eventuales reclamaciones de las autopistas por la crisis se plantean en tanto la actual estrategia del Gobierno pasa por no alargar la concesión de las autopistas que vencen su contrato de concesión que, de esta forma, levantan el peaje y revierten al Estado.
Tres vías de pago han revertido ya al Estado en los dos últimos años, la AP-1 Burgos-Armiñón, el tramo de la AP-7 que une Tarragona, Valencia y Alicante, y la AP-4 Sevilla Cádiz. El próximo año, está previsto que esto mismo ocurra con la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo otro tramo de la AP-7, es que discurre entre Tarragona, Barcelona y el paso fronterizo de La Jonquera.
