La compañía eléctrica Iberdrola ha puesto a disposición de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a facultativos para reforzar los servicios médicos de algunos centros penitenciarios, y uno de ellos ha comenzado a trabajar este mismo miércoles en la prisión de Picassent (Valencia), según ha informado el Ministerio de Interior.
El facultativo de la eléctrica pasará consulta en la atención primaria penitenciaria o en la prevención de riesgos, en horario de mañana. Asimismo, está previsto que, en los próximos días, dos médicas se incorporen a la prisión de Mansilla de las Mulas en León.
La iniciativa se enmarca en el plan de acción global puesto en marcha por Iberdrola contra el coronavirus para garantizar el mantenimiento y la calidad de suministro en este contexto y atender a compromisos con sus grupos de interés, con acciones como la donación de material sanitario -respiradores, equipos de protección y otros materiales- por valor de 22 millones de euros, medidas dirigidas a clientes y actuaciones de refuerzo de suministro en hospitales y hoteles medicalizados.
En este contexto, la compañía se ha mantenido en contacto con Instituciones Penitenciarias, que n trasladó las necesidades más acuciantes de personal sanitario. No se descarta que en los próximos días puedan sumarse un facultativo más a otro centro penitenciario.
En la actualidad, la sanidad penitenciaria cuenta con una plantilla de 280 facultativos, 540 enfermeros y enfermeras y 420 auxiliares de enfermería.
Además del refuerzo ofrecido por Iberdrola, está previsto que esos efectivos sumen próximamente la decena de médicos interinos que aprobaron la convocatoria de empleo del pasado mes de enero. Se estima que, para el mes de mayo, puedan estar incorporados también los 40 interinos de la oferta publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado día 25.
DISTRIBUCIÓN DE MÓVILES
En el marco de las medidas adoptadas por Instituciones Penitenciarias por la declaración del estado de alarma, el organismo ha distribuido además 205 terminales de telefonía móvil con los que los internos que lo soliciten podrán comunicar mediante videollamada con sus familias o sus letrados.
Según el protocolo que la Dirección de Ejecución Penal ha remitido hoy a los establecimientos penitenciarios, serán los directores de los centros quienes ordenen su uso entre todos los internos que lo soliciten garantizando las medidas higiénicas adecuadas para evitar posibles contagios.
Los teléfonos estarán permanente controlados y custodiados por un funcionario responsable y las videollamadas, de 10 minutos de duración, se realizarán en espacios en los que se garantice la intimidad y la seguridad de la comunicación. Solo estará controlada visualmente por un funcionario para evitar el uso inadecuado del terminal, como la toma de fotografías, exceptuando los casos en los que se haya decretado la intervención de las comunicaciones.
Tras la suspensión de las comunicaciones como mecanismo de protección contra la infección por COVID-19, Instituciones Penitenciarias acordó el aumento de las llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos, pasando de las ocho reglamentarias a 15, y estableció su gratuidad para los internos sin recursos económicos.
Además, los Servicios de Orientación Jurídica, que quedaron suspendidos por el estado de alarma, se están reactivando mediante la implantación en los centros penitenciarios de mecanismos tecnológicos que permitan la comunicación de los internos mediante videollamadas y videoconferencias RDSI con los respectivos colegios de abogados.
Mientras se completa su implantación, se ha posibilitado que los letrados de Orientación Jurídica puedan contactar con los internos a través de los teléfonos que faciliten los centros y, excepcionalmente, por locutorio, siempre que las condiciones sanitarias del interno permitan su desplazamiento.
