Asociaciones de consumidores han pedido al futuro Ministerio de Consumo aumentar su papel sancionador con un endurecimiento de las sanciones por infracciones, así como procedimientos eficaces de reclamación y una mejora de las acciones colectivas en casos de fraudes masivos.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, ha destacado que el hecho de que previsiblemente se vaya a crear un Ministerio de Consumo -el primero que habría en España de esta materia- supone “una buena oportunidad para dar un impulso a los derechos de los consumidores” aunque ha reclamado que implique “una asunción de competencias para que no quede en algo estético” por lo que ha pedido “mejorar la coordinación con las Comunidades Autónomas”.
En cuanto a los retos del futuro departamento, ha pedido crear una agencia destinada a mejorar la asistencia a los clientes financieros, mejorar la protección en redes y regular la figura del consumidor responsable que “actualmente no existe”.
Además, ha hecho hincapié en la necesidad de dotar de mayores competencias a este ministerio con “un papel sancionador más grande”, al endurecer las sanciones “a las empresas que incumplan la ley”. “Es muy barato incumplir las normas, miramos con envidia a otros países europeos. Por ejemplo, en Italia, hay una mayor eficacia de los sistemas de reclamación”, ha explicado.
También ha solicitado “rescatar del olvido” la Ley de Servicios de Atención al Cliente, impulsar el consumo responsable o luchar contra la obsolescencia programada de los electrodomésticos para ampliar su vida útil, entre otros aspectos.
En la misma línea se han manifestado desde FACUA, que ya ha adelantado que planteará al futuro ministro -cuya titular previsiblemente será el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón- una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que, entre otras reivindicaciones, pedirá más competencias sancionadoras para el Ministerio y asumir el reto de frenar los fraudes masivos que sufren los consumidores.
En concreto, han pedido al Ministerio que asuma el papel que encomienda a la autoridad de protección de los consumidores del Gobierno de España el artículo 54 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lleve a los tribunales a las empresas que cometan abusos si se niegan a cesar en sus prácticas tras ser emplazadas a ello.
También han pedido una reforma de la citada Ley para que el Ministerio de Consumo asuma competencias sancionadoras que desde hace décadas “son exclusivas de las comunidades autónomas” y luchar contra los fraudes masivos. FACUA plantea que las competencias pasen a ser compartidas, de manera que cuando un fraude afecte a consumidores de varias comunidades pueda ser el Ministerio el que emprenda las actuaciones sancionadoras.
“Que haga uso de sus competencias para emprender acciones judiciales contra las empresas en caso de que sea necesario”, señaló a Europa Press el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, tras ser investido presidente Pedro Sánchez en la votación definitiva en el Pleno del Congreso.
Sobre los retos del futuro Ministerio también se pronunció el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Moner, al declarar a Europa Press que regular el juego online es “una prioridad”, además de pedir «generar un plan estratégico que recoja la protección de los consumidores, contar con una agencia que se ocupe de los temas financieros o realizar un cambio legislativo para defender de un modo más sencillo cuando haga muchos afectados», entre otras demandas.
También reclamó que el Consejo de Consumidores y Usuarios tenga “capacidad y presupuesto para poder funcionar”, además de vigilar la publicidad -sobre todo la que se dirige al público infantil y juvenil-, fomentar el consumo responsable o vigilar en materia de vivienda.
Desde la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), su presidente ejecutivo, Gustavo Samayoa, también destacó a Europa Press que la posible creación del Ministerio de Consumo “es positivo”. “Ya era hora de tener un ministerio; era algo que quedaba relegado, siempre tenía prioridad la sanidad”, indicó.
Así, solicitaron al futuro Ministerio trabajar a favor de la atención al ciudadano y por el control de las entidades financieras, crear un observatorio para las garantías financieras, seguir desarrollando la ley de consumidores e impulsar el arbitraje de consumo, entre otras cuestiones.
Por último, el presidente de la Unión de Consumidores (UCE), Dacio Alonso, consideró este martes en rueda de prensa un “hecho insólito y revolucionario en el mejor sentido de la palabra” la posible existencia de un Ministerio de Consumo. “Es una cuestión de máxima relevancia que por primera vez supone visibilizar a los consumidores y su protección”, subrayó Alonso.
