ONG de infancia han despedido un 2019 con avances contra la pobreza en España pero «oscuro» para los menores migrantes solos, y piden para el 2020 que se forme gobierno para impulsar las políticas de infancia y que el Congreso de los Diputados apruebe la Ley Orgánica para la protección de la infancia frente a la violencia.
En este sentido, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF Comité Español, Carmen Molina, ha destacado que en 2019 han conseguido que aumente la cuantía de la prestación por hijo a cargo, directamente relacionada con la erradicación de la pobreza infantil, pero apunta que hay que seguir trabajando para ampliarla en 2020.
En este punto coincide el director de Save The Children España, Andrés Conde. «Es muy importante que en un contexto de prórroga presupuestaria se hayan adoptado medidas contra la pobreza infantil, como el aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias en situación de pobreza severa. La cantidad no es muy significativa pero es muy buena señal de que ese es el camino que se quiere seguir», ha subrayado.
Si bien, las organizaciones de infancia lamentan que no se haya aprobado todavía la Ley contra la violencia hacia la infancia y esperan que sea una prioridad del nuevo gobierno que se forme. «No llegó a trámite parlamentario por el fin de la legislatura, pero hay un texto que sigió su trámite con otras instituciones que necesitan dar el visto bueno, continúa avanzando pero sin la velocidad que necesita», ha precisado Conde.
También destacan de 2019 el protagonismo que ha tomado la infancia en la lucha contra el cambio climático. «Ha sido el año en que los niños, niñas y adolescentes han alzado su voz más que nunca para que sus opiniones sean tenidas en cuenta, desempeñando un papel protagonista en la lucha contra la emergencia climática, por ejemplo», ha apuntado la directora de sensibilización y políticas de infancia de UNICEF Comité Español.
En este sentido, va más allá, y reclama que en 2020 se materialice la promesa política de impulsar la participación de la infancia desde los municipios, un trabajo que UNICEF lleva años desempeñando, y que se haga realidad la creación de un Consejo Estatal de Infancia y Adolescencia de carácter consultivo.
Por su parte, Andrés Conde de Save The Children considera que la celebración de la COP25 en Madrid, aunque no haya tenido «un gran efecto» en medidas políticas, ha sido un «éxito de la diplomacia española». También lo ha sido, a su juicio, la Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, «que ha llevado a que nueve países más firmen un compromiso para proteger las escuelas en un contexto de conflicto armado».
«LA NOTA MÁS OSCURA»
En cuanto a lo más negativo de 2019 en España, tanto UNICEF como Save The Children apuntan a la criminalización de los menores extranjeros no acompañados. El director de Save The Children España ha manifestado que esta es «la nota más oscura» del año saliente.
«Quizá lo más negativo del año en infancia es la criminalización pública de los menores extranjeros solos. No había ocurrido nunca y es muy grave, la nota más oscura del 2019 en materia de infancia», ha señalado Andrés Conde. En este contexto, Carmen Molina ha destacado la unión de las organizaciones de infancia para defender la protección de estos niños. En concreto, ha reclamado un Plan Nacional de Acción que garantice su protección integral efectiva y su plena integración social.
«Abogamos por los derechos de estos niños y niñas frente a los discursos xenófobos y la estigmatización. Es un trabajo en el que debemos seguir avanzando en 2020, hasta lograr el pleno cumplimiento de sus derechos», ha insistido Molina.
Para 2020, el director de Save The Children España pide «que exista un gobierno que pueda empezar a impulsar políticas desatendidas». En primer lugar, desea que lo primero que se apruebe sea la Ley de protección a la infancia frente a la violencia; y en segundo lugar, que la lucha contra la pobreza infantil se sustancie en los Presupuestos Generales del Estado.
En tercer lugar, reclama «un reconocimiento en forma de una certificación oficial para las familias monoparentales» porque, a su juicio, «son el rostro más contemporáneo y más crudo de la pobreza»; y en cuarto lugar, «que cese la criminalización de los menores extranjeros no acompañados». Finalmente, ante el «desafío demográfico», también pide una mayor inversión en familia, que llegue a la media de la Unión Europea, es decir, al 2,3% del PIB.
