El Supremo marcó este jueves un antes y un después en la batalla por la venta de casi 3.000 viviendas del antiguo IVIMA por parte de la Comunidad de Madrid en 2013. Este tribunal confirmó la nulidad de esta operación, llevada a cabo por el PP, al inadmitir los recursos presentados por el Gobierno regional y Azora-Goldman Sachs, quien adquirió estas casas. No obstante los afectados hacen gala de prudencia, ya que el final del camino parece aún no estar cerca.
“No hay que lanzar las campanas al vuelo, hay que ser prudente”, defiende el abogado Felipe Alonso, miembro del equipo jurídico de la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social (PAVPS), que sí que admite que “es un paso esperanzador” y una “buena noticia”. No obstante, todavía habrá que esperar. Más aún después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya anunciado que estudiará llevar al Constitucional la decisión del Supremo.
Según Alonso, “hay que ser prudentes” entre otras cosas, porque “existe otro recurso de casación por vulneración de normativa autonómica que entiende una sala especial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”. “Hasta que no se resuelva”, apunta este abogado, “no sabemos qué va a pasar”.
Hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta, como qué pasará con las más de 500 viviendas públicas vendidas por Encasa Cibeles sin que el Supremo se hubiera posicionado. Esta cuestión, por ejemplo, “está pendiente de la ejecución de la sentencia” y “hay dos formas de interpretar esto”, sostiene Felipe Alonso, que junto a Alejandra Jacinto y César Pinto, entre otros, forma el equipo jurídico de esta plataforma.
Por un lado, está que la Comunidad de Madrid entienda que la sentencia “solamente se le aplique directamente a los propios recurrentes”. Por otro, “lo que nosotros entendemos y vamos a defender, que es que se aplique a todos los afectados”. Y “ahí está la interpretación que se haga de la ley”, señala antes de mostrar su convencimiento de que el Gobierno regional tratará de salirse con la suya.
Además, está la posibilidad de que los propios inquilinos perjudicados pidan una responsabilidad patrimonial, “pero también puede pedirla Encasa Cibeles”, asegura este abogado, “ya que al anularse el acto se revierte la venta”. “Son interpretaciones de la ley que tendrán que dar los tribunales”, insiste.
Las dudas también se extienden al plazo para que se ejecute la sentencia. Tras la decisión del Supremo ahora le toca al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de ahí al juzgado de lo contencioso administrativo número 29, que será quien inicie los trámites para la ejecución. “Todavía queda su tiempo”, incide Alonso.
Reclaman a Ayuso la recuperación inmediata de las viviendas
“Ya no hay excusas para que la Comunidad de Madrid se ponga del lado de las casi 3.000 familias afectadas por la venta de viviendas del antiguo IVIMA”. Así lo afirma la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) y la FRAVM, que exigen al Ejecutivo regional que “restituya los derechos que perdieron” con esta operación. Ambos colectivos quieren la “recuperación inmediata de todos los inmuebles enajenados”.
Tras el auto del Supremo “pedimos a la Comunidad de Madrid que a la mayor brevedad se haga con las viviendas que nunca debió malvender” para que tanto las familias que aún permanecen en los pisos, como las que tuvieron que abandonarlos, “puedan recuperar sus derechos como legales adjudicatarias de vivienda pública y social”. Y esto pasa, en primer lugar, explican, “por la paralización inmediata de todos los procedimientos de desahucio en curso y el compromiso de que no se va a ejecutar un desalojo más”.
Tanto la AVVI como la FRAVM defienden que el Gobierno de Ayuso “ha de garantizar a estos hogares que, como beneficiarios de vivienda pública, no se va a producir la finalización de sus contratos de arrendamiento y van a recuperar todos los derechos perdidos”. “Ya es hora de que el Gobierno regional sea sensible al calvario que desde hace seis años y medio padecen las miles de familias madrileñas afectadas”, remarcan.
Para ello anuncian en un comunicado que van a solicitar una reunión urgente con los responsables de la Agencia de la Vivienda Social para conocer “cómo piensa recuperar las viviendas y restituir los derechos de las familias” y advierten que recurrir al Tribunal Constitucional “solo buscaría aplazar este acto de justicia”.
