El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados aprovechó el único año que estuvo al frente de la Consejería de Transportes de la Comunidad (noviembre 2003-diciembre 2004) para amañar los concursos públicos de la construcción de tres tramos de Metro y adjudicarlos a empresas ‘amigas’ a cambio del cobro de comisiones, siempre buscando su enriquecimiento personal y en detrimento del erario público.
Así lo afirma el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el ‘caso Púnica’, en un nuevo auto, del que informa Europa Press, en el que expone la presunta actividad delictiva de Granados cuando estuvo al frente de una consejería tan importante como la de Transportes por el elevado presupuesto que manejaba.
El magistrado está de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que en un prolijo informe entregado al Juzgado hace ahora un mes acusa a Granados de “aliarse en busca de su beneficio personal” con Jesús Trabada, el entonces consejero delegado de la empresa pública Mintra, la encargada de “ejecutar, gestionar y mantener las infraestructuras del transporte colectivo” de la Comunidad de Madrid.
Empresas sin experiencia
Disponiendo de un elevado presupuesto para acometer ampliaciones de la línea del suburbano madrileño, Granados y Trabada diseñaron un plan para adjudicar las obras de Metro Norte, Metro Oeste y Metro Sur a “empresas medianas” del círculo del exconsejero, compañías que hasta la fecha nunca se habían dedicado a la construcción de este tipo de infraestructura, en detrimento de grandes constructoras adjudicatarias tradicionales de este tipo de proyectos.
Una de las empresas favorecidas por este plan fue Obrum, a sugerencia del entonces socio del exconsejero, David Marjaliza, a quien conocía de los negocios que compartieron cuando Granados era alcalde del municipio madrileño de Valdemoro. Pero Obrum nunca había acometido este tipo de obras, y así lo exponía su objeto social: “administración de fincas, proyectos de ingeniería y arquitectura, promociones y construcciones de viviendas, así como toda clase de edificaciones”.
Todas las empresas adjudicatarias, explica el auto del juez, “están implicadas en la realización de pagos no justificados en los servicios contratados”, ya que “no cumplían los requisitos de licitación y con graves irregularidades en el proceso de contratación administrativa”.
Obras complementarias
Pero no sólo eso, sino que además de la adjudicación en sí, Granados y Trabada habrían concertado con los técnicos de Mintra Antonio González Jiménez, José María Díaz Retana y Manuel Herrera Álvarez -los tres citados a declarar como investigados en las próximas semanas- para que elaboraran informes que justificaran “la necesidad de un modificado del contrato inicial o de un contrato complementario” con la excusa de que habían surgido “modificaciones para conseguir una mejor adaptación”.
Para estas modificaciones, fueron los técnicos los que, según el magistrado de la Audiencia Nacional, sugirieron contratos sin licitación, “tratando de justificar la adjudicación a las empresas de su círculo de confianza de los nuevos contratos por modificados y obras complementarias, que tenían un objeto inexacto y precio indiciariamente sobrevalorado, superando el límite del 20% del precio del contrato originario”.
Indiciariamente estos nuevos contratos, añade García Castellón, “desviaron fondos a favor de las empresas favorecidas, que a su vez incrementaron el importe de las comisiones” ilegales que entregaban a Granados y otros participantes en la trama.
Correos electrónicos intervenidos en registros realizados en empresas de los investigados Marjaliza y Javier López Madrid han llevado a los investigadores a estas conclusiones. El propio Marjaliza reconoció los hechos después en sede judicial. Los hechos serían constitutivos de delitos de malversación, cohecho, organización criminal, tráfico de influencias, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que puedan ampliarse a medida que avance la instrucción.
Por todo ello, el magistrado de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar el próximo 18 de septiembre a los técnicos de Mintra supuestamente implicados en los amaños para la construcción de los tres tramos de Metro, así como a representantes de otras sociedades que también se habrían beneficiado de las obras, como José Luis Ulibarri, presidente de la sociedad Begar; Gustavo Muñiz Fernández, del consorcio de Azvi, Constructora San José y S.A. Elsan; y Eugenio José Rey Conde, de la UTE Metronorte: Obrum-Teconsa-Arias.
