Con tres años de retraso y la amenaza cada vez más acuciante de una multa de Bruselas, el Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros antes de las elecciones para completar la trasposición de la Directiva comunitaria sobre Contratos de Crédito Inmobiliario, más conocida como la ley hipotecaria.
Antes del 21 de marzo de 2016 debería haber entrado en vigor una ley hipotecaria que transpusiera la directiva europea, pero en el caso de España su aprobación se vio entorpecida primero por las dificultades de formar gobierno y la repetición de las elecciones generales; y posteriormente por la dificultad de aunar puntos de vista en un tema tan sensible. La norma se aprobó por el Congreso el pasado mes de febrero, pero todavía quedaban flecos por solucionarse. Desde noviembre de 2017 pende sobre España la amenaza de una multa de 105.000 euros diarios.
En ese sentido, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la importancia del texto aprobado hoy “dados los retrasos acumulados en la tramitación de la ley y el riesgo de multa existente por parte de la UE de más de 100.000 euros al día”, lo que explica que la tramitación se haya realizado por el procedimiento de urgencia.
“Una vez que culminamos la transposición vamos a hacer todo lo posible para que la Comisión Europea retire la demanda contra España”, y evitar de este modo la multa que pende sobre España, según ha señalado la titular de Economía.
El real decreto y la orden ministerial adoptados tienen como objetivo reforzar la protección de los consumidores y establecen un marco de seguridad jurídica para los operadores.
En el real decreto aprobado hoy se recogen, entre otros, los requisitos para la prestación de los servicios de asesoramiento; los requerimientos para la inscripción en el registro correspondiente de los prestamistas de crédito inmobiliario; las especificaciones y requisitos técnicos de los medios telemáticos que deberán emplearse para la remisión al notario de la documentación pre contractual o la información a facilitar a los clientes durante la vigencia del contrato, que deberá ser accesible para las personas con discapacidad.
Por su parte, la orden regula aspectos concretos como la extensión de las reglas de publicidad de la actividad bancaria a prestamistas e intermediarios de crédito inmobiliario; las ‘Fichas de Información Precontractual y de Advertencias Estandarizadas’ que han de entregarse a los clientes; los términos de la información de los préstamos en moneda extranjera y los requisitos mínimos de conocimientos y competencia exigibles al personal y directivos de prestamistas inmobiliarios (incluidas las entidades de crédito) e intermediarios.
Asimismo, en la orden se han incorporado las medidas que garantizan el mantenimiento de la protección de los titulares de hipotecas inversas, que se podría haber visto afectado por los cambios introducidos en la regulación inmobiliaria por la nueva normativa.
Con la incorporación al ordenamiento jurídico de la ley hipotecaria ha finalizado la transposición de diez de las 14 directivas comunitarias que en junio de 2018 se encontraban pendientes de transponer en el ámbito del Ministerio de Economía y Empresa.
