La Constitución, y una posible reforma de la misma, se hacen un hueco en los programas electorales que los partidos políticos han presentado a lo largo de los últimos días. Formaciones como el PSOE, Podemos y Ciudadanos coinciden en sus respectivas ‘ofertas’ a los votantes en la necesidad de tocar la Carta Magna, ya sea para blindar las pensiones, derogar el artículo 135 o suprimir los aforamientos. El PP, por su parte, no se muestra tan abierto a modificar el texto del 78 y habla de desarrollar parte de su articulado.
PSOE
El programa de los socialistas para las elecciones generales incluye su compromiso de que “si se aborda” una reforma de la Constitución trabajarán para que se blinde el “carácter público” del sistema de pensiones y “su revalorización anual en base al aumento del coste de la vida”.
Además, este partido asegura que la Carta Magna “debe garantizar un sistema en el que los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado, así como de la eficiencia de la gestión y del gasto”. Para ello, quieren incluir “las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos”, así como establecer “la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial”.
El PSOE también aboga por la creación de la Oficina Ciudadana en el Congreso de los Diputados –Diputado y Diputada 351-, “para canalizar la participación y colaboración de la ciudadanía con la Cámara”. “Un espacio físico y digital”, continúa, “donde la ciudadanía pueda potenciar la iniciativa legislativa popular reduciendo a 300.000 las firmas acreditadas requeridas para su presentación”, lo que requerirá una reforma constitucional. Esto último se necesitaría también para su compromiso de “incorporar el reconocimiento adecuado de las personas con discapacidad y sus derechos”.
PP
El Partido Popular no alude a una reforma de la Constitución, como tal, en su programa, en el que reafirma su “compromiso con la unidad de España, la Constitución de 1978 y el modelo autonómico que consagra”. Sin embargo, sí que apunta que desarrollará el artículo 3 de la misma “a través de una Ley Orgánica de uso del castellano como lengua oficial del Estado”.
“Garantizaremos su utilización en todas las comunicaciones públicas realizadas en cualquier parte del territorio nacional, sin perjuicio del empleo de las lenguas cooficiales allí donde existan”, afirman los populares, que remarcan que “solo tendrán carácter oficial aquellos actos administrativos que se realicen, al menos, en castellano”. “Nadie podrá ser sancionado si no se le ha comunicado en castellano la infracción. Las señales, paneles y placas, urbanas e interurbanas, utilizarán siempre, al menos, el castellano. Nadie podrá ser multado o sancionado por utilizar el castellano”, explican.
Asimismo, anuncian que restringirán el uso del Decreto-Ley “en época previa a las elecciones” y reforzarán “los instrumentos de control de constitucionalidad de los Decretos Leyes, modificando la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que resuelva los recursos contra estas normas en el plazo más breve y urgente posible”.
Podemos
La formación morada promete “trabajar para una Constitución decididamente feminista que, entre otros, definirá los cuidados como un derecho fundamental” y llevar a cabo una reforma de la misma que acabe con la “ausencia de responsabilidad del Rey”. Respecto a esto último, quiere poner en marcha una comisión de investigación “sobre los negocios de la monarquía con el objetivo de determinar si, por ser irresponsable, es una institución idónea para nuestra democracia”.
“Constitucionalizar la participación con una regulación que facilite presentar iniciativas legislativas populares y no permita invisibilizarlas, y que normalice las consultas”, es otra de las medidas de Podemos, que propone forzar la dimisión del presidente del Gobierno y convocar nuevas elecciones generales cuando así lo pida el 15% del censo electoral en un referéndum.
Este partido también defiende la reforma del artículo 49 de la Constitución, que habla de “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” y blindar en el texto del 78 el derecho a la vivienda “como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de su efectividad”. “Esto implicará afrontar efectivamente el acceso a la vivienda como una cuestión de Estado”, se señala en el programa.
“Derogar las normas que han institucionalizado la austeridad y la década perdida en España (artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad Presupuestaria), para que la prioridad de los presupuestos públicos sea siempre el bienestar de la ciudadanía”, también se incluye en esta ‘oferta’ electoral, así como incluir la prohibición de decretar amnistías fiscales.
Ciudadanos
El partido de Albert Rivera quiere “actualizar la Constitución para garantizar la igualdad”. Para ello, aseguran, “impulsaremos la actualización de nuestra Constitución para garantizar que España sea una nación de ciudadanos libres e iguales”. Entre otras medidas plantean “reforzar las competencias del Estado para garantizar la igualdad entre todos los españoles y la unidad de mercado” y “fijar la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, sin posibilidad de transferencia, para reforzar la seguridad jurídica y la claridad”.
Asimismo, abogan por “reformar el Senado como Cámara de representación territorial y, si el bipartidismo se niega a darle utilidad, plantearemos su cierre”, “suprimir la posibilidad de anexión de Navarra por el País Vasco recogida en la disposición transitoria cuarta” y ampliar el “catálogo de derechos fundamentales” para incorporar el derecho a la salud, a la atención a la dependencia, a la conciliación, a la transparencia y al acceso a la información pública.
La eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona, blindar el matrimonio entre personas LGTBI o eliminar la figura del Real Decreto-ley “para acabar con los abusos del Gobierno de turno”, son otras de las propuestas de Ciudadanos junto a la supresión de los aforamientos políticos “para acabar con los privilegios de los políticos corruptos”.
“Aprobaremos una modificación exprés de la Constitución para suprimir el aforamiento del que disfrutan los diputados y senadores, así como el presidente y los miembros del Gobierno de España”, anuncia la formación naranja.
