Las cuatro familias que el pasado 22 de febrero fueron desahuciadas de sus hogares en Argumosa 11 en el barrio de Lavapiés –en total 13 personas incluido un bebé- aún continúan sin la prometida solución habitacional que les prometió el Ayuntamiento de Madrid según denuncia, Fernando Bardera, portavoz de ‘Lavapiés ¿dónde vas?’, que culpa a “la lentitud” de las administraciones madrileñas de que dos meses después del lanzamiento dos de estas familias sigan en hostales y las otras dos compartiendo piso con familiares.
A pesar de las críticas por el retraso en dar una nueva vivienda a las 4 familias de Argumosa, este miembro de la Asamblea Bloques en Lucha informa que el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid están negociando a fin de realojar a Pepi Rosi, Maira y Juana en alguna de las viviendas que el Ivima tiene en Lavapiés “vacías y con chapas antivandálicas” y parece que “las negociaciones van bien”.
Bardera explica que en estos momentos el equipo municipal y el de la Comunidad de Madrid negocian dar realojar a estar personas en alguna vivienda de las que el Ivima tiene en las calle Valencia, Calvario o Cabeza.
Hay que recordar que uno de estos edificios, concretamente el del número 17 de la Calle Valencia fue señalado el pasado día 9 de abril por los activistas por el derecho a la vivienda, colocando en el inmueble una pancarta en protesta para denunciar ante la opinión pública el hecho de que la Comunidad mantenga vacías y tapiadas 37 de las 40 viviendas de ese bloque , mientras se suceden desahucios en el distrito.
El movimiento de Vivienda de Madrid no sólo señaló ese bloque de viviendas vacías propiedad de la administración autonómica sino que también registró una petición en la Asamblea pidiendo una reunión con los distintos grupos políticos. Su objetivo: que los candidatos se comprometan “públicamente y por escrito” a aprobar de manera urgente una ley autonómica de vivienda en el primer pleno que se convoque en la Asamblea. Una norma que quieren tenga un “contenido idéntico e íntegro” a la que presentaron mediante una Iniciativa Legislativa Popular, un texto que contó con el aval de 77.000 firmas pero que fue rechazado por los votos del PP y Ciudadanos y que han “mejorado para dar soluciones al alza desorbitada de los precios de alquiler”.
Además, y con el hecho de que colocar el derecho a la vivienda en el centro de la campaña electoral, los activistas anuncian que hasta ta el 26 de mayo realizarán distintas acciones “para visibilizar la situación en materia de vivienda que se vive en la Comunidad de, hasta conseguir que todos los partidos políticos se posicionen”.
La campaña consistirá en acciones contra Bankia, SAREB y Blackstone, a quienes estos colectivos consideran “actores fundamentales de la crisis de vivienda”, a la que se sumarán acciones para visibilizar las miles de viviendas vacías de bancos, fondos buitre y grandes tenedores de vivienda.
