El Gobierno ha aprobado este viernes una oferta de empleo público (OEP) para 2019 que sumará un total de 33.793 plazas, 2.949 más (casi un 10%) que la oferta de 2018 y “la mayor de los últimos 11 años”, según ha anunciado hoy la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
En concreto, las plazas de la oferta de empleo público son 28.539, a las que se suman 5.254 correspondientes a estabilización de empleo temporal.
Por primera vez, la OEP se realiza con una metodología plurianual y con una filosofía de “base 0” para 2019, como año inicial de referencia del período de planificación. Se ha analizado tanto el envejecimiento de plantillas como el resultado de los procesos selectivos y se ha realizado la oferta sobre las necesidades previstas a tres años, ha explicado el Ministerio. Asimismo, se ha tenido en cuenta la identificación de sectores sensibles por su impacto en las necesidades de la ciudadanía que precisan atención y refuerzo especiales.
La Administración General del Estado (personal de los ministerios, excluyendo las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) cuenta con 135.476 empleados públicos, explica el ministerio. Sin embargo, la edad media de este personal es de prácticamente 52 años (51,9), casi diez años más que la del conjunto de la población activa del país (42,5).
La primera consecuencia de esta situación afecta a la previsible reducción de efectivos por el impacto de la jubilación. En los próximos diez años (2029) más del 51% del personal -casi 70.000 efectivos- se va a jubilar. En grupos como auxiliar y administrativo estos porcentajes son incluso mayores, alcanzando el 57,3% y 62,6%, respectivamente. Sólo en 2019 podrían jubilarse 19.159 empleados públicos -cerca del 14%-.
Por otro lado, a esta oferta le será de aplicación la eliminación como motivo de exclusión para el acceso al empleo público del diagnóstico de la diabetes, celiaquía, psoriasis o el VIH. Esta medida ya se adoptó por acuerdo del Consejo de Ministros el 30 de noviembre de 2018.
