Contradicen el informe epidemiológico que ‘avala’ la incineradora de Valdemingómez

Madrid

Contradicen el informe epidemiológico que ‘avala’ la incineradora de Valdemingómez

Científicos, grupos de trabajo, CCOO, Greenpeace y organizaciones vecinales tachan de “incompleto” el informe del Ayuntamiento de Madrid.

Valdemingómez

La incineradora de Valdemingómez en Madrid se ha convertido en un quebradero de cabeza para sus vecinos. Las manifestaciones y las peticiones de cierre se han ido dando en los últimos años. El Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena calculó hacerlo para 2025 –dentro de dos legislaturas- . Pero un estudio epidemiológico del Consistorio ha cogido completamente por sorpresa.

El Área de Medio Ambiente dio a conocer hace apenas un mes un estudio en el que se afirmaba que, con los datos disponibles, “no hay evidencias que demuestren que la actividad de la planta incida en la salud de la población”. Sin embargo, las voces críticas con el informe no han tardado en aparecer.

“Este informe nos parece un despropósito. No es serio. Contiene muchos errores y fallos”, sentencia a EL BOLETÍN Julio Barea, portavoz de Greenpeace y doctor en Geología y máster en Gestión y Tratamiento de Residuos por la Universidad Autónoma. No es la única figura que ha salido al paso.

El científico titular del CSIC Fernando Palacios también ve lagunas al informe publicado por el Ayuntamiento de Madrid. “La metodología no vale”, advierte a este medio tras recordar que es “una falta de respeto a la ciudadanía” que las mediciones en las que se basa el estudio hayan sido escogidas por la propia incineradora.

El doctor Pascual O’Dogherty, representante del Grupo de Estudios Incineración y Salud (GEIS), aporta otro elemento crítico: el corto periodo de tiempo de análisis (un año) en el que se basa el estudio. “La incidencia de una incineradora debe analizarse desde 10 a 25 años”, apostilla.

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Al mismo tiempo, recalca que, por ejemplo, “no se analizan las emisiones, es decir lo que sale de la chimenea de la incineradora, sino las inmisiones, lo que la gente respira”.

Otra de las claves que señalan los expertos gira en torno a la población a analizar. Tanto la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) junto a GEIS, en un comunicado, lamentan“el elevado número de contradicciones” al basarse únicamente “en un pequeño grupo de población de la ciudad de Madrid”: la de Cañada Real y la del Pau de Vallecas.

Es aquí donde ambas organizaciones ponen sobre la mesa que no fue hasta 2008 cuando se entregaron las primeras viviendas del Pau de Vallecas. Dato a tener en cuenta después de que el propio Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de las Radiaciones Atómicas marque un “mínimo de 10 años de exposición para poder asociar la exposición a tumores sólidos”.

No obstante, el punto de inflexión que apuntan todos los expertos consultados es que el estudio del Consistorio olvida analizar a la población de Rivas. O’Dogherty se sorprende, por ejemplo, de que se excluya a vecinos de la colonia Covibar que lleva conviviendo “más de 25 años”.

Ahí entra en escena el doctor Palacios que alerta del “inexplicable exceso de patologías” en Rivas, que no se tiene en cuenta en el informe. El científico rescata que en cáncer de colon en mujeres el municipio está en el quinto lugar donde hay más incidencia de la Comunidad de Madrid. Al igual que con el cáncer de esófago de hombres (6º lugar) o con el cáncer de estómago y pulmón en varones (8º puesto).

¿Podría tener algo que ver la boina de contaminación que sobrevuela Madrid? El científico del CSIC matiza que “los vientos que genera el centro de Madrid no afectan a Rivas”. En cambio, los vientos sí atraen los residuos que salen desde la incineradora. “Hay muchos más problemas en Rivas que en los barrios con más contaminación de Madrid”, resume.

“¿Por qué no se ha cogido a Rivas? Los autores del estudio parten de unos datos restrictivos que hacen muy difícil que las conclusiones sean distintas”, denuncia Julio Barea. “Todos sabemos de dónde salen las mediaciones: la empresa sabe cuándo sacar mediciones de dioxinas y furanos. Hay que captarlas en un momento dado y han preparado este momento. No puede ser que la propia empresa sea quien facilite esos datos al estudio”, reseña el portavoz de Greenpeace a EL BOLETÍN.

Aparte, Pascual O’Dogherty no termina de comprender el paso dado por el Ayuntamiento de Madrid encargando un estudio de estas características, con sus limitaciones y sobre una incineradora “de la que ya hay una amplia bibliografía”.

Es como si ahora se empiezan a sacar estudios sobre el tabaco. Ya se ha descubierto que es perjudicial para la salud”, ejemplifica el miembro de GEIS. CCOO también aporta su visión: “No ha podido analizar la morbilidad (presencia de enfermedades) por no haber dispuesto de datos suministrados por la Comunidad de Madrid”.

Por lo tanto, la organización sindical concluye que “el estudio es carente de validez ante la insuficiencia de los datos”.

Por su parte, los vecinos de la zona tampoco pasan por alto el informe. La Alianza Incineradora de Valdemingómez ¡NO! habla de una “estudio incompleto” con “falta de transparencia en la obtención y análisis de los datos utilizados en la Evaluación Toxicológica Ambiental” al salir de “parte interesada”, tal y como sostienen los expertos.

En la Asociación Santa Eugenia Se Mueve declaran que no es solo un problema madrileño, “sino nacional porque el estudio puede servir para justificar la construcción de futuras incineradoras o para que no se cierren las existentes”.

Por último, esta organización apostilla que la incineradora “es el mayor foco de contaminación de la Comunidad” y que “cae dentro de los futuros desarrollos del Sureste”. “La pirmera piedra de estos desarroolos la puso el pasado 24 de enero la propia Inés Sabanés apenas 15 días después de que presentó el estudio epidemiológico”, concluyen en Santa Eugenia Se Mueve.

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