Puedo llegar a entender que las exigencias empresariales y las condiciones que marcan las nuevas tecnologías impongan una flexibilidad en el empleo que antes ni se imaginaba. Pero tanto es lo de menos como lo demás y resulta evidente que las facilidades para contratar y despedir a trabajadores están facilitando el abuso. Cada vez nos encontramos más a profesionales que tienen que firmar contratos, por días, por medias jornadas y hasta por horas en una situación de incertidumbre lamentable.
Puede ser una manera de agilizar cierta actividad laboral, pero se trata de una técnica deplorable de desestabilizar a las economías familiares y trastornar la vida de las personas. Nunca estuve ni estoy – y mi experiencia laboral lo demuestra – por la eternización en los puestos: no creo que sea bueno para los empleadores ni para los trabajadores que, con mucha frecuencia, acaban adocenándose en el desarrollo de unas funciones que no siempre y menos eternamente proporcionan satisfacción personal ni nuevas perspectivas.
El Gobierno parece decidido a poner coto, un pequeño límite más que coto, a esta situación, aunque no por tratarse de una medida razonable dejará de encontrar resistencias. Es lo que está ocurriendo con el aumento del salario mínimo o la adaptación de las pensiones al coste de la vida. Un Real Decreto regulará, o por lo menos pondrá límite, con fuertes costes sociales a algunos excesos, salvo en situaciones especiales – como es la actividad agrícola –, contribuirá a acabar con los contratos de cinco días o menos.
La cotización social por estos contratos se encarecerá un cuarenta por ciento, lo cual cumplirá dos objetivos importantes: facilitará que los trabajadores temporales sumen días y horas de cara a cumplir determinados requisitos a la hora de tener derecho al seguro de desempleo o, es otro ejemplo, llegado el momento de acceder al sistema de pensiones. Pero también supondrá un alivio para la Seguridad Social, cuyos ingresos se incrementarán. Son unas medidas ponderadas que pueden entenderse y asumirse a poca voluntad que se ponga en ello.
Claro que, a la hora de su aplicación, los servicios públicos, empezando por la sanidad, deberán predicar con el ejemplo. La contratación de médicos o personal de enfermería por días es seguramente una de las mayores aberraciones que ha creado la deriva del actual sistema: perjudica la continuidad de la atención a los enfermos y altera las carreras de unos profesionales que no pueden dedicar toda la atención necesaria ni a su formación continuas ni a unos problemas que no pueden ser tratados a salto de mata.
