El Ministerio de Hacienda ha ordenado a la Agencia Tributaria examinar las cuentas de la operación de adquisición de Banco Popular por parte del Santander. Según publica LaInformacion.com, que cita fuentes gubernamentales, los hombres de María Jesús Montero analizarán si es procedente abonar unos 1.000 millones de euros en activos fiscales diferidos (DTA).
De acuerdo con este diario, el origen de la cuestión estaría en los más de 12.000 millones de euros en pérdidas que el Santander atribuyó al Popular en el momento de la absorción, y en la disposición de 3.143 millones de euros en créditos fiscales, de los cuales algo más de 2.000 millones serían monetizables.
El Santander ya habría ingresado 400 millones de euros en créditos fiscales correspondientes a esta misma operación en el año 2017 sin tener que someterse a control alguno por parte de la Agencia Tributaria.
Sin embargo, un acuerdo alcanzado por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Ciudadanos, e introducido como enmienda a los Presupuestos de 2018, faculta a la Agencia Tributaria a “comprobar cualquiera de las circunstancias determinantes de la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración, en particular las pérdidas contables”, que son las que dan derecho a estos créditos fiscales.
