Europa se mueve contra el abuso de la temporalidad en los empleos públicos españoles. Los afectados han llegado a la Comisión Europea y las noticias ya están dándose. Después de que el Parlamento Europeo se posicionara contra la precariedad de estos puestos, ahora Bruselas ha decidido unificar los casos ante “el gran número de denuncias” recibidas, tal y como ha recogido Apiscam.
Las campañas de la Plataforma de Interinos, Temporales y Estatutarios Eventuales – PI o del sindicato AMYTS aconsejando a casos particulares han llegado a oídos de Bruselas tras las denuncias presentadas. No son las únicas voces que han tocado la puerta a las autoridades europeas.
Sin ir más lejos, la Justicia madrileña ya ha preguntado al Tribunal Superior de Justicia Europeo si debe conceder la condición de fijo a un informático de la sanidad madrileña que lleva 17 años como interino. Todas las críticas tienen un punto en común: se denuncia que España incumple una normativa europea, por eso debe decidir Europa.
Los trabajadores aterrizaron en la Comisión Europea alertando de que una de sus directivas se estaba incumpliendo en España. Ahora Bruselas ha recogido el guante creando un caso unificado y específico. La mirada europea, en concreto, está ante el acuerdo que se cerró en marzo de 2017 con los sindicatos.
“Los demandantes temen que, a través del citado acuerdo, el Gobierno de España pretenda regularizar y blanquear la situación de aquellos empleados del sector público que anteriormente fueron objeto de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada y evitar de ese modo verse sometido a procedimientos de infracción”, ha recordado la Comisión Europea.
Bruselas ya está alertada de los planes que firmó el Ejecutivo de Mariano Rajoy con esa OPE denunciada; Bruselas vigila. De hecho, ya lo está haciendo, tal y como ha informado a los afectados: “La Comisión está evaluando la conformidad de la legislación española que regula la situación de los empleados público”
En concreto, la Comisión Europea hace especial hincapié en esa directiva que señalan los afectados. En ella, las autoridades europeas vuelven a recordar que reseña que se “obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada”.
Mientras llegan las conclusiones de esa evaluación, Bruselas ya ha reconocido que “es consciente de la situación de los trabajadores del sector público español sujetos a contratos de duración determinada”.
