Durante estos días hemos vivido momentos históricos e inéditos en la política española. Por primera vez una moción de censura ha cambiado al inquilino de La Moncloa, convirtiendo en presidente del Gobierno a un candidato que no es diputado. La cascada de acontecimientos que ha provocado este acontecimiento, como la formación en tiempo record de un nuevo Ejecutivo y la dimisión de Mariano Rajoy como líder del Partido Popular ha provocado una avalancha de información que puede haber ocultado, en cierto modo, cuestiones que en otras circunstancias hubieran tenido una gran repercusión mediática, como la evolución del caso del máster de Cristina Cifuentes, declaraciones de Lezo, o el hecho de que el diario El País vaya a cambiar de director para volver a sus raíces ‘progresistas justo cuando desembarca un gabinete socialista.
Por ejemplo, el viernes, justo cuando prosperaba la moción de censura contra Rajoy se conocía que la jueza que investiga el máster de Cristina Cifuentes había solicitado un listado de llamadas de cuatro de los imputados para comprobar si hubo presiones del entorno de la expresidente de la Comunidad de Madrid. Y ayer, sin ir más lejos, mientras se desgranaban uno a uno los nombres de los ministros de Sánchez, la profesora con cuya denuncia se inició la investigación ratificaba ante la jueza que se falsificó su firma en el acta de convalidación que aprobaba tres de las asignaturas de máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que cursó Cifuentes.
No dejamos la Comunidad de Madrid ni a Cifuentes, ya que también a causa de la moción de censura pueden haber pasado inadvertidas las sospechas que se ciernen sobre la contratación menor de administración regional durante el mandato de Cristina Cifuentes que ha sacado a la luz pública Izquierda Unida, por su opacidad y por considerar que pueden haberse cometido irregularidades. Y es que da mucho que pensar que el gobierno regional diera 49.000 contratos para una misma empresa en apenas dos años y medio.
La sentencia por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) justo vio la luz el día en que se votaba la moción de censura. Esta circunstancia mitigó de alguna manera la repercusión de la resolución de la Audiencia Nacional que -aunque estima que la acción no fue terrorismo y descarta la vinculación de los procesados con ETA- impone a los encausados las penas más altas previstas para los delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas por las que les condena.
Pocos días después, y coincidiendo con la reunión de la Ejecutiva del PP en la que Rajoy anunciaba entre lágrimas su dimisión la Audiencia ordenaba prisión incondicional para los cuatro condenados con mayores penas -de entre 9 y 13 años de cárcel- que fueron inmediatamente detenidos.
La propuesta de que Soledad Gallego-Díaz sea la próxima directora de El País, en sustitución de Antonio Caño, es otra de las noticias que no ha destacado como debería, habida cuenta de que si prospera la veterana periodista sería la primera mujer al frente de este periódico desde su fundación en 1976.
Otra medida que provocó mucha polémica y que recibió ayer luz verde en el Senado es la ‘ley antiocupaciones’ -aprobada el pasado abril por el Congreso- que ha sido ratificada y entrará en vigor a finales de mes gracias a los votos del PP PNV y PDECat.
También ha pasado a un discreto segundo plano el hecho de que el PP haya recurrido finalmente la sentencia de la Gürtel, a pesar de que fue la sentencia judicial que al final dio la puntilla del Gobierno de Rajoy, aunque en honor de la verdad hay que reconocer que los argumentos que presentan los populares en su escrito a la Audiencia Nacional son los mismos que han usado los políticos del PP desde que se conociera la resolución.
El seguimiento mediático del caso Lezo también ha sido uno de los damnificados de la vertiginosa actualidad política. Ayer Manuel Cobo declaraba como imputado ante el juez del caso Lezo, ya que era el ‘número dos’ del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid cuando el Canal de Isabel II realizó la compra de la colombiana. Inassa. Cobo ha declarado que la adquisición de Inassa fue una operación legal y rentable para los madrileños y ha lanzado duras acusaciones contra Ignacio González un día antes de que el propio Gallardón tenga que declarar también como investigado en la Audiencia Nacional.
