La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está de acuerdo con Bruselas en que España no cumplirá este año el objetivo de déficit, fijado en el 2,2% del PIB. Según recoge su informe ‘Perspectivas Económicas 2018’, nuestro país cerrará 2018 con un déficit del 2,4%, dos décimas menos de lo estimado por la Comisión Europea en sus previsiones de primavera. La OCDE tampoco prevé que cumpla en 2019 ya que estima un déficit del 1,5% frente al 1,3% pactado con Bruselas.
La organización de países desarrollados es más optimista respecto al crecimiento de la economía española ya que ha elevado su pronóstico hasta el 2,8% en 2018 desde el 2,3% anterior y hasta el 2,4% en 2019 frente al 2,1% anterior. La estimación para este año supera a la del Gobierno, que prevé una expansión del 2,7%.
La OCDE apunta, según recoge Europa Press, que tras varios años creciendo por encima del 3%, nuestro país crecerá “a un ritmo robusto, pero más moderado”, siendo el consumo privado el principal motor de expansión, cuyo impulso se ralentizará a medida que se debilite la creación de empleo.
En este sentido, la organización prevé que la tasa de desempleo siga reduciéndose en los próximos años, bajando al 15,5% en 2018 y hasta el 13,8% el siguiente ejercicio.
En cuanto a los riesgos para la economía española, la OCDE destaca que “las consecuencias económicas de la incertidumbre política en Cataluña han sido contenidas hasta ahora”, aunque advierte de que la persistencia de esta podría reducir la confianza, obstaculizando la demanda doméstica. Asimismo, la institución internacional advierte de las dificultades que afronta el actual Gobierno en minoría para abordar una agenda de reformas.
Al respecto, la organización cree que España necesita acometer reformas adicionales que permitan fortalecer el crecimiento de la economía en el largo plazo, así como fortalecer su posición fiscal y reducir la deuda pública. También aconseja reformas en el mercado laboral, incluyendo la reducción de la dualidad entre indefinidos y temporales mediante una mejor supervisión de los abusos de este último tipo de contratos, así como la aplicación de políticas activas de empleo más eficaces.
Asimismo, recomienda reducir exenciones y mejorar la gestión del IVA para incrementar la eficacia del sistema fiscal, así como apostar por impuestos medioambientales.
