La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) advierte que los problemas de gentrificación, turistificación y escalada de los precios de alquiler que sufre Barcelona se están extendiendo al área metropolitana de la capital catalana, “ahogando” a los vecinos de dichas localidades.
LA UOC cita como muestra de esta situación el hecho de 150 familias de un edificio de Sant Joan Despí se encuentren “en pie de guerra después de que la propiedad de su edificio, una filial de Goldman Sachs, les haya notificado por burofax el aumento notable de la renta de su piso, en algunos casos del cien por cien”, recalcando que “esta localidad, como otras del entorno inmediato de Barcelona, es un ejemplo que muestra el patrón de encarecimiento sostenido de los precios de la vivienda de alquiler”.
Y poner cifras sobre la mesa del encarecimiento de los alquileres en toda la provincia de Barcelona, citando datos del portal Fotocasa de los que se deduce que el precio de la vivienda de alquiler en la provincia de Barcelona es el más caro de todo el Estado, con 13,54 euros el metro cuadrado, y supera así por algunos céntimos el máximo que se alcanzó en plena burbuja inmobiliaria, en mayo de 2007.
Ademas, desde la UOC de recuerda que todas las poblaciones del área metropolitana de Barcelona han visto cómo subía el alquiler entre 2016 y 2017: Sabadell (10,79 %), Rubí (10,5 %), L’Hospitalet de Llobregat (12,03 %), Sant Feliu de Llobregat (10,63 %) o Cornellà (6,48 %), por poner algunos ejemplos. Y que aun así, afrontar el precio mensual del alquiler en muchas de estas ciudades es aún ventajoso en comparación con Barcelona, con un alquiler mensual que de promedio alcanza los 855 euros. Esta cifra es muy superior a la que deben afrontar los inquilinos que alquilan en Terrassa (509 €), Sabadell (584 €), Sant Joan Despí (715 €), Cerdanyola (693 €) o Cornellà (584 €).
Igualmente, la UOC esgrime el primer informe anual presentado por el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona que muestra que un 42 % de la población del área metropolitana destina cuatro de cada diez euros a pagar el alquiler y los suministros básicos. Por si esto fuera poco, “el estudio remarca la escasa coincidencia entre la gran proporción de demanda de viviendas entre 600 y 800 euros al mes, y la gran proporción de oferta situada por encima de 1.000 euros mensuales”.
¿Y por qué está sucediendo esto? Josep Vivas, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, observa una “voracidad poscapitalista que se está extendiendo en cadena a todo el territorio desde Barcelona” y que incluso podría llegar a las segundas residencias en determinadas áreas. Según el experto en psicología social y urbanismo, se produce un círculo vicioso: los jóvenes no pueden acceder a la vivienda, hay mucha demanda de alquiler y la vivienda se encarece, con una presión que se traslada de Barcelona al área metropolitana. Esta situación, afirma el experto, “está expulsando hacia el área metropolitana a muchas rentas bajas y medias”.
Por su parte, el profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC Miguel Mayorga sostiene que la gentrificación y el consiguiente aumento de precios se irá extendiendo más allá de Barcelona, puesto que «el acceso a los medios de transporte que te acercan al centro es un elemento fundamental. En plataformas como Airbnb ya se pueden encontrar habitaciones en Trinitat o Ciutat Meridiana porque tienen una parada de metro cerca, y la misma lógica se puede aplicar a localidades del área metropolitana”.
Según Ramon Ribera, director del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global del IN3, “en un momento en que las tasas de rentabilidad en la economía productiva global se mantienen bajas, junto con las políticas monetarias del Banco Central Europeo, los inversores (internacionales cada vez más) compran vivienda como inversión”.
Este contexto se combina con políticas de poca imposición de impuestos a las sociedades patrimoniales y de inversión, la reforma de la ley del alquiler —que ha favorecido la creación de un mercado de alquiler privado y profesional—, la turistificación de las ciudades y el impacto de plataformas de alquiler de pisos turísticos, explica Ribera.
Qué se puede hacer
Los expertos coinciden en que es necesaria una acción metropolitana conjunta y no local, en la que apuestan por poner coto a las rentas y la construcción de más vivienda pública.
Califican de “muy interesantes” modelos como el berlinés, que desde 2015 aplica un tope a los precios de alquiler por zonas y castiga fiscalmente a los propietarios que lo sobrepasan. Y les resulta también atractivo el modelo vienés, con un 21 % de vivienda pública (en España es un 2 %, a la cola de Europa).
Según Ramón Rivera “es necesaria la creación de parques de vivienda pública que no estén sujetos al mercado. En Barcelona y Cataluña, la vivienda pública debería ser un 25 %. Construir más a precios de mercado en el marco actual solo agravaría la situación”. Ribera, además, opina que «es necesaria la intervención y la voluntad de la Generalitat y el Gobierno español tanto para la provisión de vivienda pública como para impulsar diversas medidas, pero no hay ni voluntad ni intención de hacerlo, aunque se tuvieran los recursos».
En ese mismo sentido se posiciona Josep Vivas, que considera que “la Administración debe poner el foco en las necesidades que tenemos los habitantes locales y en nuestro nivel de renta, no en aquellas de los que vienen de fuera”. Finalmente, Miguel Mayorga afirma que se debe apostar “por ciudades para el turismo o con turismo, primeras en la clasificación internacional de atractivo turístico o con mejor calidad de vida para sus habitantes”.
Y propone que se debe hacer “un urbanismo más ágil” que dé respuesta a procesos que se desarrollan rápidamente. “La Administración tiene que trabajar con la complicidad de vecinos y vecinas para proteger y fomentar el alquiler a escala metropolitana”, afirma.
