Investigan si Granados también cobró “una comisión” por el tren de Navalcarnero

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Investigan si Granados también cobró “una comisión” por el tren de Navalcarnero

La Fiscalía y el juez tratan de determinar si el entonces consejero de Transportes cobró una ‘mordida’ para no imponer una multa millonaria a OHL por parar las obras.

Francisco Granados

La Fiscalía Anticorrupción y el juez que instruye en la Audiencia Nacional los casos ‘Púnica’ y ‘Lezo’, Manuel García-Castellón, ya no sólo investigan el supuesto pago de una comisión a Ignacio González por la línea ferroviaria que iba a unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero, sino que además tratan de determinar si el exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados cobró también una mordida por esa obra que no se llegó a terminar, según informa hoy vozpopuli.com

Este digital asegura que de los interrogatorios de ambos casos de corrupción, a cuyas grabaciones dice haber tenido acceso, se desprende que “Granados pudo haber cobrado una comisión ilegal a cambio de no imponer una multa millonaria a la empresa Obrascon Huarte Lain (OHL), una constructora que había paralizado las obras del tren regional entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero”.

Explica que “la investigación del caso de la línea de tren entre Móstoles a Navalcarnero forma parte de una de las piezas separadas del caso ‘Lezo’, en el que está imputado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, pero no Granados. Y recuerda que el Ministerio Público considera que González podría haber reclamado una comisión ilegal de 1,6 millones de euros que habría percibido en su nombre en Suiza el empresario Adrián de la Joya, a cambio de la adjudicación de la obra.

Señala que el citado digital que “precisamente, en el interrogatorio del primer arrepentido de la ‘Púnica’, David Marjaliza, la fiscal le interpeló acerca de la empresa Bustrén, creada el 28 de diciembre de 2011 por el ex director de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y ex consejero delegado de la empresa del Metro de Madrid (Mintra) Jesús Trabada, junto al jefe de gabinete de Granados, Ignacio Palacios, considerado el principal testeferro del exconsejero. El propio Trabada reconoció que el exconsejero de OHL Javier López Madrid también formó parte de la empresa Bustrén en 2014.

Y Marjaliza respondió a la fiscal que la empresa Bustrén la había creado Jesús Trabada, y que tenía como socios a Javier López Madrid e Ignacio Palacios, este último “representando a la parte de Paco [Francisco Granados]”. Y por eso, la fiscal preguntó de forma expresa a Marjaliza: “¿Entonces de forma encubierta también había una participación del señor Granados?», y el arrepentido contestó: “Sí”.

La fiscal retomó entonces el interrogatorio a Marjaliza, al que preguntó si Bustrén se había creado “con comisiones ilícitas cobradas por adjudicaciones amañadas”. A lo que el arrepentido respondió: “Tengo algo oído, pero en sede judicial no lo puedo decir”. “No le voy a insistir en que me cuente, ya lo veremos», finalizó la fiscal.

Minutos antes, el juez que instruye el caso ‘Púnica’, Manuel García-Castellón, ya había preguntado a Marjaliza sobre si había oído algo a Granados y su entorno sobre el tren Móstoles-Navalcarnero.

“Era una obra en la que sé que en su día hablaron con Paco [Francisco Granados], para poder obtenerla, pero no lo puedo concretar porque son comentarios de ascensor. No son comentarios de trabajo, porque yo no intervine en esas adjudicaciones, pero yo recuerdo que tuvo un problema bastante gordo, porque era una obra deficitaria y una obra que se paró, y recuerdo que Javier [López Madrid] me comentó que estaban negociando y que Paco les estaba echando una mano para poder firmar la liquidación de esa obra, para no tener que llegar a pleitos con la Comunidad”, respondió Marjaliza.

Y la fiscal interpeló sobre si OHL había pagado una comisión, a lo que Marjaliza contestó: “No lo sé”. Subrayando vozpopuli.com que en el interrogatorio realizado a Jesús Trabada, el responsable de que OHL no fuera sancionada pese a que paralizó la construcción del tren de Móstoles a Navalcarnero, el ministerio público explicó que tenía “la sospecha de que había podido recibir alguna cantidad”.

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