Esta semana hace 8 meses que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, prometió presentar un proyecto de ley que aseguraría la protección de los denunciantes de corrupción en toda Europa. Activistas de “A Change of Direction”, una red de ONGs e institutos de investigación que buscan dar a conocer la importancia de los llamados “whistleblowers” o denunciantes, se preguntan por qué todavía no se ha hecho nada.
Un año después del estallido de los llamados “Papeles de Panamá”, la gran filtración sobre evasión fiscal desde el bufete Mosak Fonseca, Juncker anunció que “la Comisión está trabajando en una propuesta para proteger a los denunciantes y van a escuchar más sobre esto en los meses siguientes”.Han pasado ocho meses de aquello y cerca de dos años desde la publicación de los documentos, en abril de 2016.
Pero “a pesar de las promesas de Juncker en 2017 y las presiones por la protección a los denunciantes desde las Cortes, gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo, ocho meses después todavía no tenemos una propuesta de parte de la Comisión, y la gente que arriesga su calidad de vida al denunciar las malas prácticas y destapar la corrupción está todavía sin protección en Europa”, denuncia esta semana Giulio Carini, un activista de “A Change of Direction”.
Recuerdan que el Parlamento Europeo ha exigido repetidamente la protección legal de los denunciantes y que hace apenas tres meses votó una resolución no vinculante con la necesidad de legitimar medidas para proteger a los denunciantes que aportaban datos de valor para el interés público. Una petición que exige una legislación para este asunto apoyada por Eurocadres, Transparencia Internacional y más de 50 organizaciones y con la firma de 81.000 personas.
El 11 de enero de 2018, Antoine Deltour, que destapó el escándalo de Luxleaks sobre los esquemas de evasión de impuestos, fue reconocido oficialmente como un denunciante de corrupción y su sentencia fue anulada por la Corte de Casación de Luxemburgo. “Más y más estados miembros de la Unión Europea como Italia y Francia han adoptado nuevas leyes para proteger a los alertadores en sus respectivos países”. Pero la NG lamenta que la UE aún no haya creado una legislación para proteger a estas personas “exhaustivamente” y sin importar el país europeo en que sean juzgadas.
“Una directiva real”
“Un reciente informe de la Comisión muestra que una protección efectiva de los denunciantes para toda Europa podría recuperar de 6.000 a 9.600 millones de euros al año en el sector público, dijo Veronika Nad de BluePrint for Free Speech, una ONG dedicada a mejorar la libertad de expresión, miembro de “A Change of Direction”. “La Comisión no tiene ninguna excusa real, incluso sus propios estudios muestran que necesitan actuar urgentemente”, añade.
Por su parte, la Fundación Internacional Baltasar Garzón continúa impulsando proyectos y acciones concretas en la defensa y protección de los whistleblowers o denunciantes de corrupción.
Bruno Galizzi, del departamento de Proyectos de Fibgar, lo explicaba de esta forma en un acto en la Universidad Complutense de Madrid, hace unas semanas: “Hemos puesto en marcha distintas propuestas y trabajamos de la mano de los partidos políticos, dando apoyo en la realización de enmiendas, por un objetivo: lograr una directiva europea en materia de protección de denunciantes”.
Considera que la importancia de esta directiva es fundamental ya que según datos de Transparencia Internacional, sólo en España un 72% de la población se implicaría en la lucha contra la corrupción y un 92% afirma que denunciaría un caso de corrupción. “España es uno de los países que más casos de whistleblowers presenta y nosotros tenemos la oportunidad de generar un cambio”, explican.
