La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales advierte que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 para Atención a la Dependencia “supondrá resignarse a que 36.000 dependientes fallecerán este año sin poder ejercer su derecho a recibir prestaciones”, siguiendo la senda del año pasado en el que “40.647 personas dependientes fallecieron sin llegar a recibir los servicios a los que tenían derecho”.
Esta asociación denuncia en un comunicado que según “los últimos datos oficiales, 335.201 personas en situación de dependencia están en lista de espera” y afirma que “resulta preocupante que más de una tercera parte de ellas (36%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 121.588 personas”. Una situación que consideran está detrás de que el año pasado “una media de 111 personas en situación de dependencia fallecieran en España cada día sin recibir la prestación o servicio a los que tenían derecho. En resumen, cada mes fallece el 1% de quienes están en espera (más de 3.300 personas/mes actualmente)”.
“Inhumana situación”
De hecho, en 2016 se redujo la “lista de espera” en 36.017 personas (saldo neto) a lo que evidentemente contribuyen los fallecimientos de personas en espera de recibir atención. Por eso resulta muy preocupante en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 mantenga esta inhumana situación por una evidente falta de financiación del sistema.
El citado colectivo recuerda que “recuperar los crueles recortes de 2012, incrementando en 480 millones de euros el Programa Presupuestario 231I Autonomía personal y atención a la dependencia era un compromiso que está siendo incumplido por Ciudadanos y Partido Popular, ya que figuraba en el acuerdo de investidura (medida 57 del documento “150 compromisos para mejorar España”, con una dotación prevista de 440 millones), y también en el Pacto de Estado suscrito por todos los grupos parlamentarios (aquí con la excepción de PP y PNV), el pasado 14 de diciembre, con ocasión del X aniversario de la Ley.
Dicha asociación calcula que dando marcha atrás en los recortes en la financiación estatal” la lista de espera se reduciría en cerca de 90.000 personas, y” se generarían más de 20.000 empleos ex novo en un año. Haciendo notar que además “de los 480 millones de euros de incremento de gasto público, se recuperarían de manera directa 191 millones en el mismo ejercicio presupuestario (casi el 40%)”.
Además, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales indica que “si la aportación estatal fuese del 50% del total del gasto público en Atención a la Dependencia, como establece la ley, y manteniendo la aportación autonómica de 2016, se aseguraría la plena atención a las 335.000 personas que actualmente están lo que se conoce como Limbo de la Dependencia”.
En su comunicado, estos profesional hacen una última advertencia: “si las administraciones públicas siguen incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos, este año fallecerán otras 36.000 personas que tenían un derecho reconocido, sin recibir servicios o prestaciones”. Y lo que consideran más grave: Tendremos que volver a sufrir el indignante espectáculo de escuchar a algún portavoz del Gobierno alardear de que ‘está bajando la lista de espera’.
